Asociaciones de mujeres han tachado de "incoherente", "retorcido" y "patriarcal" el auto de la Audiencia Provincial de Navarra que dicta libertad provisional para los cinco miembros de 'La Manada', condenados a nueve años de cárcel por abuso sexual a una mujer en los Sanfermines de 2016.

La vicepresidenta de Mujeres Juristas Themis, Altamira Gonzalo, ha calificado de "incoherente" y con una argumentación "retorcida", el auto de la Audiencia de Navarra porque, a su juicio, "siguen existiendo los mismos motivos que dieron lugar a la prisión provisional" anteriormente.

Ángel Prenda, Ángel Boza y Jesús Escudero

Sobre el riesgo de fuga, ha indicado en declaraciones que, si antes de que se dictara la sentencia ya existía, ahora que han sido condenados a 9 años de prisión, "el riesgo es todavía superior", más aún, "cuando cuatro de los cinco condenados están investigados por hechos similares" en Córdoba.

Tampoco le "convencen" los argumentos de los jueces sobre que no existe riesgo de reiteración delictiva. "Viene a decir que en la medida en que son conocidos, van a tener dificultades para seguir cometiendo los mismos delitos, es una barbaridad, una argumentación retorcida", ha criticado.

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Asimismo, ha advertido de que lejos de proteger a la víctima, el auto la deja "olvidada" y "limita su libertad de movimiento" pues "sólo puede estar tranquila y protegida si se queda en Madrid", donde se les prohíbe ir a los condenados. Por ello, Gonzalo ha precisado que aunque tienen que respetar el auto no les parece "ajustado".

Por su parte, Fundación Mujeres considera que la sociedad española está ante "un nuevo ejemplo de justicia patriarcal" que "carece de una perspectiva de género" y pide que "se repare esta evidente vulneración de los derechos de las mujeres".

Hablan los vecinos de 'La Manada' en su barrio

En este sentido, ha lamentado que en el auto "no se han tenido en cuenta ni los derechos de la víctima ni la alarma social que podría producir una resolución de estas características" ni "la propia gravedad del delito". A su juicio, se ha optado por "priorizar las garantías procesales de los condenados por encima de los derechos de las víctimas", reforzando "un mensaje y apariencia de impunidad para con los delitos sexuales".

Por ello, desde la Fundación piden que se abra expediente de investigación sobre el magistrado y la magistrada que firman el fallo mayoritario de la sala, "para dilucidar si existen indicios de un funcionamiento anormal de la justicia en esta resolución"; y que se recurra el auto que decreta la puesta en libertad provisional.