"En esos momentos estaba consumiendo en exceso. Entonces, llegaba a mi casa de malos modos. Mi madre venía, me empezaba a regañar, yo empezaba a discutir con ella, a gritarnos, alguna vez sí que nos hemos llegado a pegar".
Triana tiene sólo 14 años. Confiesa que la relación con sus padres llegó a ser insostenible. "Yo salía de mi casa por las mañanas a las siete de la mañana y volvía a las diez de la noche", añade.
Lo mismo le ocurría a Lía, una adolescente de 16 años. "A lo mejor me iba a las ocho de la mañana y volvía al día siguiente porque tenía ya sueño Y hambre. Robaba. Pasaba completamente de mis padres. Discutía todo el rato. Por eso evitaba estar en casa", relata la joven.
Para frenar esta situación límite, los padres de ambas decidieron llevarlas a un centro terapéutico sanitario para menores de entre 12 y 17 años en Madrid.
"Se acostumbraron desde corta edad a primero yo, luego yo y por fin, yo. Utilizan al padre, a la madre, los insultan y aquí los paramos, les ponemos un espejo", explica Javier Urra, pte. de la Comisión Rectora del Programa Recurra-Ginso.
Los conflictos paterno-filiales afectan, según un estudio de la Universidad de Deusto, hasta a un 10% de las familias españolas.
108 profesionales, entre psicólogos, trabajadores sociales y terapeutas ocupacionales se encargan de reconducir su conducta. Están prohibidos los móviles, los ordenadores, el alcohol y las drogas.
Mediante terapias individuales, en grupo y con sus familiares, muchos de ellos consiguen comprender su situación y cambiar. "Mi madre una vez me llamó drogadicta. Ahí dije, tengo que empezar a cambiarlo todo", confiesa Triana.
Después de 6 meses, Lía también ve todo ya de otro modo. "Yo ahora tengo muchas más herramientas que antes para cuando estoy enfadada. Valoro más mi vida, a mí misma y a mi familia"
Lo importante, dicen desde el centro, es que, al salir, sean los mismos pero capaces de manejar su vida y evitar recaer en aquello que les trajo hasta aquí.
Ordena retirar las bombas
Nuevo giro en los pozos de Alba: el juez ordena precintar los pozos ilegales y si vuelven a sacar agua los acusará de un delito de desobediencia
Los detalles La orden judicial refuerza el precinto que ya hizo por vía administrativa la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Los pozos pudieron ser descubiertos gracias a la denuncia de ocho trabajadores. Otro informe de la Guardia Civil cifró en más de seis millones de euros el daño ambiental.