Manuel Blanco sabe lo que es que ser juzgado por salvar vidas en las costas europeas. "Cuando estábamos allí, en el juicio, se hablaba de diez años por cada persona que habíamos intentado ayudar a entrar en el país de manera ilegal", cuenta.
En 2015, junto a dos compañeros del cuerpo de bomberos de Sevilla, viajó a la isla griega de Lesbos para ayudar a los miles de migrantes que llegaban en patera desde Turquía. "Nuestra sorpresa fue mayúscula cuando nos dicen: 'Os comunicamos que estáis detenidos por intentar facilitar la entrada a personas que no tienen derecho administrativo de entrar en Grecia y por posesión de armas'", recuerda Blanco, cofundador de Proemaid.
Tras dos años de investigación fueron absueltos, pero la lista de procesados sigue creciendo. En total, 158 personas están siendo investigadas por su labor humanitaria en 49 causas diferentes.
Blas Moreno, codirector de 'El orden mundial' asegura que esto "responde a que los gobiernos del sur de Europa han decidido que su política es evitar que lleguen migrantes a sus costas".
Como Miguel Roldán, un bombero sevillano que se enfrenta a 20 años de prisión. Su delito: rescatar migrantes el mar Mediterráneo. "Tengo pena por la situación en la que se está convirtiendo la ayuda", lamenta Roldán.
Los buques de salvamento se enfrentan a la misma situación. El 'Aita Mari' está bloqueado desde hace seis meses, se enfrenta a una multa de 900.000 euros y están recaudando fondos. En la misma situación está el 'Open Arms', que ha desafiado la prohibición y ha vuelto al Mediterráneo.
"La gente va a seguir llegando. Lo único que hacemos es impedir o poner más difícil su llegada y facilitar que haya más gente muriendo", señala Blas Moreno. En lo que va de 2019, al menos 681 personas han muerto en el mar intentando llegar a Europa.
