Ha sido más de un año de intensas investigaciones que han terminado con la detención de 133 personas por la extracción de agua mediante el uso de más de 1.533 infraestructuras ilegales. El Seprona ha realizado un total de 1.512 inspecciones en toda España, teniendo como misión fundamental la localización de pozos, sondeos y balsas de acumulación de aguas ilegales. Una operación denominada Mizu II en la que han colaborado de forma estrecha distintos organismos de Cuenca y las Confederaciones Hidrográficas. Además, señalan que el uso de nuevas tecnologías ha resultado fundamental para definir las zonas de actuación.

Los investigadores han detectado principalmente perforaciones de pozos y sondeos careciendo de autorizaciones o balsas ilegales de acumulación de agua. También han localizado captaciones directas de cauces y arroyos y caudalímetros, contadores volumétricos de agua, no homologados, manipulados o simplemente no operativos.

Según relatan, la mayoría de instalaciones carecía de medidas de seguridad y ésto representa un peligro para la vida o la integridad física de personas o animales, sobre todo cuando las estructuras son abandonadas después de ese aprovechamiento ilegal.

Gran parte de la operación se ha desarrollado en zonas especialmente sensibles y vulnerables como pueden ser el Parque Nacional de Doñana y las Cuencas de los principales ríos de España.

Entre las actuaciones más relevantes destaca la operación Aquae (Huelva), que ha permitido detectar 10 presuntos delitos contra el medio ambiente por la distracción ilegal de aguas con perjuicio para los ecosistemas del Parque Nacional de Doñana. Aunque las pesquisas siguen abiertas ya se investiga a 14 personas y 12 empresas.

En el marco de la operación Acuin (Cuenca) se ha procedido a la investigación de dos personas y dos empresas por la presunta comisión de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente y otro de defraudación de fluidos. Se sospecha que estos investigados realizaban captaciones de aguas subterráneas careciendo de la preceptiva autorización del organismo de Cuenca. Para ello instalaban pozos ilegales y usaban caudalímetros manipulados para falsear la lectura de la contabilización del agua extraída de forma ilícita. El acuífero del que se estaba realizando dicha captación de aguas estaba declarado como sobreexplotado.

En la operación Trincase (Valladolid), gracias a la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Duero, los agentes han citado como investigado a un agente de la Guardería Fluvial de dicha Confederación como supuesto autor de delitos de cohecho, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos y falsedad documental. Este hombre, aprovechando su cargo oficial, presuntamente se ofrecía a agricultores para tramitación de documentación cobrando en metálico y sin emitir factura.

Según el instituto armado, la actual situación de los recursos hídricos en el entorno del Mediterráneo y en España en particular, pasa por diferentes situaciones en función del territorio y la época del año en que se ponga el foco. Considera que constituye una amenaza grave la sobreexplotación de algunos acuíferos en base a múltiples intereses, principalmente económicos.

Penas de prisión, inhabilitación y multas

Los autores de este tipo de hechos se estarían enfrentando a penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años. En los casos más graves podría haber penas de hasta cinco años de cárcel. Todas estas actuaciones se han realizado en colaboración de la Dirección General del Agua, perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, así como con los diversos Organismos de Cuenca de España. La operación Mizu II se ha enmarcado dentro de las acciones operativas encaminadas a la lucha contra la destrucción o modificación del hábitat de especies protegidas dentro del proyecto "Life guardianes de la naturaleza".

Acciones de WWF contra el robo de agua en Doñana, Daimiel y Mar Menor

Precisamente hoy, la organización WWF ha desplegado tres pancartas gigantes de forma simultánea en los humedales "en peligro" de Doñana, Tablas de Daimiel y el Mar Menor para exigir el "fin de la impunidad" en el "robo del agua" en España.

WWF ha llevado a cabo esta acción de denuncia con motivo del Día Mundial de los Humedales, en el que alerta de que estos tres humedales "icónicos" se encuentran en riesgo por la "sobreexplotación ilegal de agua subterránea".

Con el lema 'STOP robo del agua', que se puede leer en las pancartas, la organización advierte de la situación crítica en los ecosistemas de estos "puntos negros". Asimismo, reclama el cierre de los pozos ilegales, sanciones para los que se "saltan la ley" y, en concreto, al Ministerio para la Transición Ecológica una Estrategia Nacional de Humedales que aborde esta problemática e incluya un plan de restauración de ecosistemas acuáticos.

Mientras en España ya han desaparecido el 60% de los humedales y lagos naturales en las últimas cuatro décadas, según WWF, el problema se ve agravado por el impacto del cambio climático y las decisiones del ser humano.

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