LaSexta ha tenido acceso a las grabaciones de las declaraciones de dos de los acusados por la trama de corrupción de menores de Murcia y de una de las víctimas, unas declaraciones que se hicieron ante el juez entre los años 2015 y 2017. Esta red de proxenetas captaba a chicas menores para ponerlas en contacto de clientes, generalmente de avanzada edad, que buscaban sexo. Entre ellos, como se ha descubierto, hay empresarios murcianos.
Una de las víctimas cuenta en su declaración ante el juez que fue agredida, siendo menor, por al menos cinco hombres. Asegura que la proxeneta le pedía que ante sus clientes fingiera ser más pequeña de lo que era. "Sí era menor de edad, pero a algunos clientes les gustaban más pequeñas", se le escucha decir en una de las grabaciones. "Tenía que decir que tenía 15 ó 14 años porque eso es lo que ellos buscaban". La víctima cuenta también que los clientes no querían usar nunca preservativo y que siempre le ponían excusa para no hacerlo.
Los condenados
El empresario Antonio Giménez Pelegrín, uno de los condenados por esta trama y a quien se le imputan dos delitos por los que tiene que cumplir con 10 meses de prisión, lo negó todo en el juicio y se justificó afirmando que él no había tenido "relaciones sexuales" por sus problemas del corazón. Según esta declaración, desde que le sometieron en el 2002 a una operación del corazón, "no ha vuelto a funcionar".
En cambio, en la sentencia del juez, dejó muy claro que agredió a menores siendo perfectamente consciente de su edad.
Otro de los condenados, este a cinco meses de prisión y se le acusa de un delito, es Juan Martínez Fernández, ex enterrador. Él también negó haber tenido contactos sexuales con las víctimas en el juicio y se defendió alegando que "solo cenaba con ellas": "Me las enseñaban y me decían: 'Mira qué guapa está mi sobrina o mi prima'", sostuvo.
Los 13 condenados por esta trama han reconocido los hechos a cambio de unas penas, acordadas con las Fiscalía, que en principio evitarían su entrada en prisión, pero ninguna de las condenas está por encima de los dos años. La última palabra sobre si habrá cárcel o no la tendrá la sala judicial el próximo 7 de octubre.
Las pruebas
Las pruebas recogidas en la investigación de este caso de explotación sexual de menores demuestran que tanto los clientes, los puteros, como las proxenetas sabían lo que estaban haciendo. Existen capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp en las que una de las proxenetas ofrece a los clientes de un despacho de abogados a una menor de 17 años y uno de ellos le responde: "Está bien, pero me gustan más jóvenes".
En otra captura se puede leer cómo ofrecía a otra de las niñas diciendo "tengo una morenita de 16 años disponible para hoy". Todos los clientes y las proxenetas sabían la edad de las niñas. De hecho, buscaban que fueran menores de edad.
Otra prueba que delata a la organización criminal es la contabilidad. El piso en el que vivían Yessenia, una de las proxenetas, con su marido -también imputado- y su hijo; fue usado como prostíbulo, que no dejaba de ser un negocio. Es decir, esta organización se lucró explotando sexualmente a menores.
También se encontró una agenda donde aparece lo que las chicas cobraban. El servicio costaba 120 euros, pero las víctimas se llevaban entre 10 y 30 euros.
¿Cómo se destapó el caso?
El padre de una de las menores denunció que su hija de 15 años no había vuelto a su casa y desconocía cuál era su paradero. Una amiga le aviso de que había visto a su hija entrar en un piso donde había mucho movimiento de hombres. La Guardia Civil se puso a investigar y no solo encontraron a la menor, sino que descubrieron que ese piso, en realidad, era un prostíbulo clandestino.
El 'modus operandi'
Las tres proxenetas cabecillas de esta organización eran las que iban a discotecas en horario infantil, a colegios o incluso llegaban a engañar a adolescentes que habían puesto un anuncio en internet para trabajar de limpiadoras o camareras.