Los Mossos d'Esquadra han detenido a siete hombres por extorsionar a un inversor inmobiliario durante más de un año, a quien amenazaron de muerte, intimidaron con armas de fuego e incluso agredieron físicamente para que les pagara una deuda de 39.000 euros, según informa el cuerpo policial.
Todos los detenidos, de nacionalidades albanesa y española, entre 28 y 63 años, están acusados de los delitos de pertenencia a una organización criminal, de detención ilegal, tenencia de armas y explosivos, defraudación de fluido eléctrico y contra la salud pública, puesto los arrestados que se dedicaban al cultivo y la venta de marihuana en dos casas de Canovelles (Barcelona).
Los hechos se remontan al pasado 3 de enero, cuando la policía catalana recibió la denuncia de un hombre que aseguró ser víctima de una extorsión desde hacía tiempo por parte de personas procedentes del Este de Europa, quienes "mediante amenazas y agresiones físicas le reclamaban el pago de una deuda económica que había contraído hacía unos meses".
La Unidad Central de Secuestros y Extorsiones de la División de Investigación Criminal de los Mossos se hizo cargo de la investigación.
La víctima explicó a los agentes que se dedica a hacer inversiones y compraventa de inmuebles y que a finales de 2017 él y un socio, con quien ya había hecho con éxito varios negocios, se pusieron de acuerdo para adquirir unas plazas de aparcamiento.
Para conseguir los 39.000 euros que costaban, su socio le convenció para pedir prestado el dinero a unos conocidos suyos.
El negocio, sin embargo, no prosperó y, aunque el denunciante aseveró que estaba en situación de poder retornar su parte, su socio le dijo que él no podía hacerlo y que "lo mejor que podían hacer era esconderse, ya que si no los creditores les matarían a los dos".
Al poco tiempo, el denunciante recibió la visita de unos hombres que le intimidaron y que le exigían el pago de la totalidad del dinero prestado y 10.000 euros más como penalización.
A partir de aquel día, según este hombre, "fue sometido a un proceso continuo de amenazas de muerte, intimidaciones con armas de fuego e incluso agresiones físicas", a pesar de que satisfizo diversas cantidades de dinero a los extorsionadores, teniendo que hipotecar la casa de algunos de sus familiares, porque el volumen de las reclamaciones de la deuda aumentó hasta llegar a los 170.000 euros.
La investigación llevó a identificar a la persona que habría prestado directamente el dinero, un hombre albanés, así como al resto de hombres que habrían participado en las amenazas y las agresiones.
Los agentes consideraron que todos ellos, un total de ocho, formaban parte de una organización criminal, "perfectamente estructurada", que, entre otros delitos, se dedicaba al cultivo, exportación y venta de marihuana.
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