En la playa de Jávea no solo vigilan los socorristas, ya que dos policías locales patrullan constantemente para que los bañistas respeten el peligro que indica el color rojo de la bandera. Pero muchos no cumplen y se meten al mar, y si el agua les sobrepasa la cintura el baño puede suponerles una multa de 750 euros.
"Una vez no hace caso, si que procedemos a avisar a la Policía Local y si ellos lo consideran oportuno, pues realizar la denuncia", comenta Alberto Trendeiro, coordinador de socorrismo de Jávea.
Este verano ya están tramitando la segunda, es la medida que han impuesto algunos ayuntamientos frente a las numerosas imprudencias de los bañistas.
Como en el de San Bartolomé de Tirajana, en Canarias, donde hacer caso omiso al socorrista y la bandera puede costar hasta 1.500 euros. "Y ha bajado considerablemente los ahogamientos en las islas", dice José Antonio Rodríguez, coordinador de socorro y emergencias de Gran Canaria.
Y si el infractor reincide, las multas en las playas de Cudillero pueden alcanzar los 3.000 euros. "Se nos persuade mucho cuando nos tocan el bolsillo y a veces parece que es la única forma cuando realmente es una norma que lo que intenta hacer es prevenir para que no ocurran accidentes", afirma Ana Domínguez, coordinadora de prevención y seguridad de la RFESS.
Accidentes como en la cifra récord de ahogamientos de este año, en el que han muerto ahogadas 327 personas, casi un 15% más que en 2016. La mayoría se producen por imprudencias de los bañistas y porque no se toman medidas de prevención suficientes.
"Lo ideal sería que todos los espacios acuáticos que estén destinados al baño o en los que esté permitido, exista un servicio de vigilancia", explican desde el pantano de San Juan, que carece de ese servicio pese a la gran afluencia de bañistas. Es el único embalse que acumula ya dos muertes por ahogamiento.
