Nuevo giro en los pozos de Alba: el juez ordena precintar los pozos ilegales y si vuelven a sacar agua los acusará de un delito de desobediencia

Nuevo giro en la instrucción del robo de agua en la finca Aljóbar, propiedad de la Casa de Alba junto a Doñana. El juez ha ordenado precintar los ocho pozos ilegales sin autorización. Y esta vez va un paso más allá: ha ordenado retirar de las bombas utilizadas para la extracción de agua.

Pozos como los de estas fotografías de un informe de la Guardia Civil. Los agentes aseguran que los propietarios intentaron esconder. La orden judicial refuerza el precinto que ya hizo por vía administrativa la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Los pozos pudieron ser descubiertos gracias a la denuncia de ocho trabajadores.

Otro informe de la Guardia Civil cifró en más de seis millones de euros el daño ambiental por el bombeo ilegal de agua. Además, el magistrado que instruye la causa ha citado a declarar el próximo 20 de febrero a Luis Martínez de Irujo en calidad de investigado.

En su auto, el juez también señala los daños en el medio ambiente por la extracción presuntamente ilegal de agua: "En efecto, los hechos investigados serían constitutivos de un posible delito contra el medio ambiente".

Esta vez, Eugenia Martínez de Irujo ha quedado fuera de la causa judicial aunque figura como administradora de la empresa que gestiona la finca. La razón: sus abogados solicitaron que en su lugar declarara Luis Martínez de Irujo, nieto mayor de la duquesa de Alba, que sería quien realmente lleva la gestión.