En concreto, las entidades ponen la atención en cinco casos concretos que se produjeron en la comunidad gallega con "una violencia inusitada", pocas semanas después de la entrada en vigor de la nueva Ley de Bienestar Animal de Galicia.

Uno de los primeros casos a los que hacen referencia es el "brutal caso de maltrato a un perro en Verín (Ourense), que había recibido varios disparos en el hocico, que se lo destrozaron y obligaron a sacrificarlo en una clínica veterinaria por la gravedad de las heridas".

Tras este caso, recuerdan otros cuatro que se sucedieron con igual "violencia": un gato quemado vivo en Baiona, un perro apaleado en Cervo, otro can calcinado en Mos y una perra preñada tiroteada en Pontevedra.

Ante estas situaciones, la coalición formada por Libera y FFW mantienen la recompensa de 1.000 euros por cada uno de estos hechos de maltrato animal, "por obtener datos fiables que permitan dar con los autores o autoras de las agresiones hacia los animales".

Los responsables, según recuerdan estas organizaciones, podrían enfrentarse a multas de hasta 30.000 euros por vía administrativa, o hasta un año de prisión si así lo determina un juez.

No obstante, los animalistas han propuesto un "cambio de enfoque" a la hora de abordar el maltrato animal, apostando por una perspectiva preventiva con la elaboración de campañas y medidas de sensibilización que permitan evitar o detectar conductas nocivas con los animales. Ambos colectivos quieren que las administraciones se impliquen en la concienciación ciudadana, "en lugar de lamentar más casos".

Además, las organizaciones plantean que la Delegación del Gobierno en Galicia se comprometa en lo que definen como "una difícil y desigual lucha, en donde el anonimato y la impunidad, como ejemplo en los cinco casos más crueles, requieren de un esfuerzo de los efectivos dedicados a las pesquisas de sus ejecutores".

Para ello, demandan que los agentes cuenten con formación más específica, con cursos como los que ya se han desarrollado en algunos puntos de Galicia a policías locales y técnicos de diferentes ayuntamientos, "que ayudan a ofrecer nuevas perspectivas de actuación, con métodos efectivos en la prevención y detección de infracciones por malos tratos hacia los animales".

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