Vox hizo públicas sus propuestas para iniciar las negociaciones sobre la investidura del popular Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía, entre las que pedía expulsar a 52.000 inmigrantes en situación irregular, terminar con el "efecto llamada" e ilegalizar a las citadas organizaciones.
Si bien, el acuerdo final de PP y Vox sólo especifica que se cumplirá "con la legislación vigente en materia de inmigración, evitando todas aquellas decisiones que puedan favorecer un 'efecto llamada' y combatir a las mafias que trafican con personas".
Las ONG Proactiva Open Arms, Red Acoge, Unicef, Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado y a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) han hablado sobre los planteamientos de Vox en materia de inmigración ilegal.
"Nosotros no cooperamos con las mafias, lo que sí hay son gobiernos que pagan a otros gobiernos que sí cooperan con las mafias", afirma el director de Open Arms, Óscar Camps, que insiste: "No movemos gente a cambio de dinero, eso es el tráfico de personas".
Subraya que no es necesario prohibir cualquier organización que tenga "contacto o trato" con traficantes de personas porque ya está tipificado como delito: "Es como querer penalizar a quienes roban en una autopista". Lanzar este mensaje es "muy tendencioso" y "sólo intentan manchar el nombre de las ONG", critica Camps, quien recuerda que la Fiscalía de Catania (Italia) lleva años investigando a esta oenegé que participa en el rescate de inmigrantes en el Mediterráneo y "todavía no ha encontrado nada".
"Es una majadería todo, pretenden que creamos que el PP es un lindo gatito. Es una estrategia política de la derecha y la extrema derecha", opina. Para la directora de CEAR, Estrella Galán, los "mensajes de criminalización" de Vox hacia las ONG a las que quiere ilegalizar por supuesta cooperación con las mafias de tráfico de personas son "un absurdo y un disparate".
La única forma para acabar con dichas mafias, recalca, es habilitar vías legales y seguras para que las personas puedan venir "de forma ordenada y segura a un país hasta ahora democrático, legal y seguro como ha sido España". "Las propuestas de Vox sobre inmigración son infantiles, irresponsables e impracticables", recalca Galán, que sostiene que pedir la expulsión de 52.000 inmigrantes en situación ilegal es una muestra más de su falta de rigor y de su desconocimiento del derecho internacional y de las obligaciones de España.
En este sentido, Galán explica que los tratados internacionales reconocen el principio de no devolución que prohíbe retornar a una persona que llega a un país cuando su vida pueda estar en riesgo, por lo que no sería posible expulsar a nadie si inicialmente no se ha realizado una identificación correcta con las garantías legales exigidas para que puedan acceder al derecho de asilo.
Desde la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, su presidente Daniel Méndez traslada su preocupación y consternación por el pacto alcanzado para formar Gobierno en Andalucía: "Esperamos que el PP y Cs no permitan, por inacción, la ilegalización de las ONG que trabajamos por la población migrante". Y considera que la posibilidad de que la extrema derecha tenga "poder político real" debía haberse "combatido" con un pacto "que hiciera imposible que quienes desean ilegalizar a los seres humanos, anular los compromisos y tratados internacionales, atacar a las minorías, las mujeres y los derechos sociales, tuvieran cualquier relevancia política y quedasen en evidencia por sus ataques".
Por su parte, la responsable de Incidencia Política y Estudios de Unicef, Cristina Junquera, subraya la necesidad de garantizar siempre la protección de los menores por encima de su condición de inmigrante en situación irregular. "Se es niño antes que extranjero. Un niño o una niña están por encima de cualquier condición de extranjero. Hay que garantizar su protección.
Los niños y niñas que están acogidos en el sistema de protección tienen que tener todas las garantías y confiamos en que así sea", comenta. Para la directora del Área Intervención Social de Red Acoge, Tania Vilkhova, las políticas que buscan "frenar y limitar" la migración, sólo sirven para "exacerbar los riesgos" a los que estas personas se exponen y "crear zonas de ilegalidad e impunidad en las fronteras".
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