Los padres de Julen han formalizado un escrito de acusación contra David Serrano, el dueño de la finca de Totalán donde murió el pequeño. Para él solicitan una pena de tres años y medio de cárcel por un delito de homicidio imprudente.
La Fiscalía, por su parte, había pedido una condena algo menor, con tres años de cárcel. Aunque el escrito de la acusación sí atribuye el mismo delito al investigado que el que establece el Ministerio Público, y ambos relatos de los hechos coinciden.
La abogada de la familia de Julen, Antonia Barba, ha señalado que la negligencia que presuntamente cometió Serrano es "extremadamente grave", y que hay un "cúmulo de infracciones normativas".
En declaraciones a 'Espejo Público', la letrada ha señalado que "no se trata de ir contra nadie", sino de tener en cuenta todos los hechos: Serrano no obtuvo los permisos administrativos para desarrollar las obras, algo que los progenitores señalan que es "determinante" en la muerte de su hijo.
Además, sostienen que "no advirtió o señalizó la presencia del pozode manera alguna". Los padres también consideran que, una vez producidos los hechos, "no se ha producido la reparación del daño" y aseguran que "Serrano no ha pedido perdón".
Por su parte, la defensa de David Serrano ha solicitado el archivo de la causa, al considerar que "no hay nexo causal entre las posibles acciones y omisiones" del dueño de la finca y la muerte de Julen.
Así, habla de "negligencias" tanto del dueño de la empresa que hizo la prospección en el terreno como de los padres de Julen por 'culpa in vigilando', responsabilidad de vigilar al menor.
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