El del doctor Vela es, probablemente, el juicio más esperado en el año judicial en la región aunque fuentes jurídicas han informado de que su celebración no está del todo confirmada habida cuenta de la nueva estrategia planteada por el doctor Vela.
El acusado, de 85 años, pidió hace días un examen forense con la intención de acreditar una enfermedad degenerativa y aplazar el juicio indefinidamente, bajo el temor de los afectados por el robo de bebés a vivir un nuevo caso Sor María.
Sor María Florencia Gómez Valbuena, que trabajó con Vela en la Clínica San Ramón, epicentro de este drama, fue la primera persona a la que un juez abrió diligencias en España y llegó a ser citada para declarar como imputada, pero la monja alegó motivos de salud para no acudir y cuatro días después falleció, en enero de 2013.
La Fiscalía pide 11 años de prisión para el doctor por participar en el robo de Inés Madrigal, que nació en 1969 y fue sustraída de su madre biológica y entregada a una mujer estéril, a quien Vela le había recomendado fingir un embarazo con cojines, mientras que la acusación particular solicita trece años de cárcel.
El Ministerio Público acusa al doctor Vela de un delito de sustracción de menor de siete años, otro de suposición de parto cometidos por facultativo y otro de falsedad en documento oficial y fija, además, una indemnización a Inés Madrigal de 350.000 euros. Más de 150 periodistas de 45 medios de comunicación seguirán las dos sesiones del juicio, que arrancará el martes con la esperada declaración del acusado y de otros siete testigos.
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El miércoles continuará con la declaración de otros cinco testigos antes de dar paso a la prueba pericial con las comparecencias de dos peritos y la documental. A continuación, ese mismo día se elevarán a definitivas las conclusiones e informes de las partes y el juicio quedará visto para sentencia una vez el acusado haga o no uso del turno de última palabra.
Vela ya declaró como imputado en diciembre de 2013 en relación con la denuncia del robo de Inés Madrigal, aunque se desvinculó de esa supuesta trama y negó su participación en los hechos, pues aunque reconoció su firma en el certificado de nacimiento de Inés Madrigal dijo que "firmaba cosas sin mirarlas".
Y añadió que no se explicaba ese hecho porque no conocía a Inés Pérez, una mujer estéril que figura como la madre biológica de la denunciante, pero que en realidad era madre adoptiva.
Inés Madrigal asegura ser consciente del precedente de este juicio para sentar una jurisprudencia que "pase por encima de la prescripción" y consiga que "muchas denuncias congeladas salgan adelante" y "dejen al descubierto el drama de tantas madres, padres e hijos".
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Aunque, en el mejor de los escenarios, reconoce que el tiempo es un obstáculo insalvable. "Los padres se van muriendo y los culpables van desapareciendo, aunque si preguntas a una madre si prefiere encontrar a su hijo o encarcelar al culpable ninguna dudará", afirma.
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Forzada a alquilar su vientre
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¿Qué pasó? Kyrstena Murray se sometió a un tratamiento de fertilidad con un donante anónimo, pero al dar a luz, el bebé era negro, cuando ella había pedido un donante blanco. Las pruebas de ADN revelaron la negligencia: la clínica le había implantado el embrión de otra pareja.