El banquillo de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid lo ocuparán el próximo mes de diciembre el citado Marius I.B, quien cuando ocurrieron los hechos contaba con 17 años, acusado de un delito continuado de abuso sexual, así como sus padres, Traian B. y Garoata B, y los progenitores de la novia, Constantin T. y Garofita T, éstos como cooperadores necesarios, según fuentes jurídicas.

La petición de pena se eleva a 11 años de privación de libertad para cada uno de ellos y cinco de libertad vigilada una vez cumplida la condena, junto con la retirada a los padres de la víctima de la patria potestad respecto de ella.

Los hechos objeto de la presente causa se remontan al 5 de mayo de 2014, cuando Marius I.B. y la víctima contrajeron matrimonio por el rito gitano en su país de origen, concretamente en la ciudad de Alexandría, concertado y consentido por los respectivos padres de la pareja.

Dos semanas después de la unión, los contrayentes fijaron su domicilio en La Seca (Valladolid), en el que convivían no sólo éstos sino también los padres de él, otro hijo y dos nietos.

En el domicilio conyugal los novios mantuvieron con regularidad relaciones sexuales completas consentidas de manera continuada hasta que el 17 de mayo de 2015 la menor abandonó la familia de su marido para reintegrarse en la suya, que por aquel entonces se había afincado en la localidad sevillana de Sanlúcar La Mayor.

En su día, la Guardia Civil detuvo a los cinco encausados bajo la acusación de que los padres de la novia habían vendido a la niña a sus consuegros por 17.000 euros para contraer matrimonio y a partir de entonces fuera sometida, presuntamente, a maltrato, explotación sexual y laboral.

La operación de la Guardia Civil, que daba por cerrada un año de investigación, fue desvelada el 27 de mayo de 2015 por el entonces subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jorge Llorente, y el comandante jefe de operaciones, Roberto Ferrero, como culminación de la operación 'Cachiseca', desarrollada en las provincias de Valladolid y Sevilla, con imputación de delitos de trata de seres humanos, malos tratos, hurto, abuso sexual, agresión sexual y explotación laboral en jornadas intensas y sin recibir remuneración económica en la recogida de uva y patatas.

Las investigaciones se iniciaron cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que el clan rumano de Sevilla y el detenido en Valladolid acordaron, supuestamente, la venta de la hija de los primeros para que contrajera matrimonio en una fiesta de compromiso en Rumanía con el hijo del clan vallisoletano, de 17 años.

Con posterioridad, la Benemérita comprobó que la menor podría estar residiendo con otra familia en la provincia Valladolid y averiguó que la niña había realizado una llamada de socorro a su madre por los malos tratos recibidos, tanto sexual como laboralmente, ante lo cual el clan vallisoletano, consciente ya de que estaba siendo investigado, optó por dejar marchar a la menor en autobús a Sevilla con sus padres biológicos, a los que incluso, según se dijo entonces, reclamaron por ello un pago de 10.000 euros, sin que se concretara si se produjo o no dicho abono.

Sin embargo, el proceso judicial contra los cinco encausados analizará únicamente los presuntos abusos sexuales de los que fue objeto de víctima, en su condición de menor de edad.

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