Según consta en el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, el acusado, "con ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito y de defraudar", fue haciendo transferencias a cuentas bancarias que él controlaba para quedarse con este dinero.
El agente bancario constituyó, como apoderado de una entidad bancaria con sede en Granada y agente de una entidad aseguradora, un depósito a plazo fijo por importe de 105.600 euros por plazo de un mes el 28 de mayo de 2008, y otro depósito similar por 26.400 euros a fecha de 5 de junio de ese mismo año con vencimiento el 8 de junio de 2010. Con tal finalidad, los hermanos supuestamente estafados le entregaron 132.000 euros el 27 de mayo de 2008, para recibir los correspondientes intereses.
El día 30 de mayo de 2009 transfirió a una cuenta de su titularidad 26.400 euros de este dinero, "sin conocimiento ni consentimiento de sus propietarios", a una sociedad limitada de abogados de la cual es único accionista, según hace constar el fiscal. Como agente de la entidad aseguradora, se apoderó, sobre la base de una póliza suscrita a nombre de uno de los dos hermanos el 17 de enero de 2009, de otros 52.800 euros.
En una operación similar con el otro hermano, llegó a apoderarse, el 17 de febrero de ese mismo año, supuestamente de 30.000 euros. Asimismo, el acusado realizó una transferencia "suplantando la identidad de los hermanos" desde la cuenta de los mismos en la entidad financiera por importe de 22.800 euros, poniendo como beneficiario a la entidad aseguradora, cuando en realidad el importe fue abonado, según el fiscal, a la sociedad a su nombre.
"En todos los casos, las transferencias se llevaban a cabo a través del servicio de banca electrónica, utilizando indebidamente el acusado la tarjeta de coordenadas" expedida por la entidad financiera a nombre de los hermanos, que denunciaron los hechos en mayo de 2012, y de la que "previamente se había apoderado" sin su conocimiento. Igualmente, convenció a los denunciantes el 16 de septiembre de 2009 para que suscribieran con él un "contrato de aval en garantía de préstamo" por importe de 75.000 euros, que le entregaron a cambio de un pagaré de 100.000 euros que resultó impagado cuando venció.
El acusado "suscribió un documento en el que reconocía haber falsificado la firma de los denunciantes para llevarse su dinero" del banco en fecha 12 de septiembre de 2011. Estos hechos son constitutivos para el fiscal de supuestos delitos de falsedad continuada en documento mercantil cometido por particular, y de estafa continuada o, en su defecto, apropiación indebida, por los que interesa cuatro años de prisión, y multa de 3.720 euros.
