Agentes de la Policía y de la Guardia Civil han matado esta madrugada a un policía nacional de 46 años que estaba suspendido y de baja médica tras un enfrentamiento a tiros que ha tenido lugar en una gasolinera de Villagonzalo Pedernales, municipio de Burgos.
El tiroteo ha tenido lugar en torno a las 03:30 de la madrugada. Según fuentes de la Policía Nacional y La Guardia Civil, el policía abatido, había robado una pistola en la comisaría del Distrito Sur de A Coruña donde estaba destinado, tras lo que se dio a la fuga. Según el relato de dichas fuentes, el policía entró en la comisaría en la mañana del martes para realizar un trámite administrativo en relación con su situación laboral. En un momento dado empezó a exigir su placa y, al no dársela sus compañeros, pues se encontraba de baja y suspendido, comenzó a golpear las taquillas de los vestuarios de la comisaría hasta romper una en la que había una pistola, que cogió y con la que huyó en un vehículo.
Tras ese incidente, los policías dieron la alerta a los cuerpos policiales. Cuando se le localizó cerca de Burgos, unos agentes le dieron el alto, pero no solo hizo caso omiso, sino que abrió fuego. En ese momento se emprendió un amplio operativo de cuatro patrullas de la Guardia Civil y dos de la Policía Nacional, que consiguieron interceptarle en una gasolinera de Villagonzalo Pedernales, donde de nuevo disparó sobre ellos y comenzó el tiroteo en el que los agentes acabaron abatiéndole con varios disparos. El hombre murió a las 04:00 y ninguno de los otros agentes resultó heridos, aunque varios vehículos oficiales fueron alcanzados por las balas.
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El policía abatido estaba de baja psicológica desde hace más de un año y había sido detenido por asuntos internos recientemente acusado de tráfico de drogas, motivo por el que se le había suspendido de su actividad y retirado el arma. Además, desde el pasado martes, 18 de abril, había pasado a segunda actividad por insuficiencia de aptitudes psicofísicas, situación que estaba pendiente de notificar, según la Policía. Las diligencias que instruye la Guardia Civil han sido declaradas secretas por la autoridad judicial.