Cuando hablamos de pornografía, la Inteligencia Artificial es capaz de construir cualquier imagen que le pidamos. De hecho, el 96% de las imágenes creadas con esta tecnología están relacionadas con la pornografía. Así lo cuenta en este vídeo Daniel Moreno Gómez, teniente jefe del Equipo de Mujer-Menor (EMUME) central de la Guardia Civil. En los últimos meses, apunta, ha aumentado drásticamente el número de este tipo de delitos que investigan: "Este 2023 tenemos en torno a 50 casos relacionados con este uso de pornografía infantil".

Según explica Jorge Bermúdez, fiscal de delitos informáticos en Gipuzkoa, se debe a que la IA cada vez es más accesible. No hace falta tener grandes conocimientos informáticos. En muchos casos, solo un teléfono móvil. Y se están generando lo que llaman en la jerga "aplicaciones de botón gordo", con las que personas sin conocimientos avanzados puedan conseguir resultados altamente profesionales y altamente graves.

Este tipo de pornografía, en la que no participa ninguna persona real, se denomina pornografía virtual. Y desde 2015 está tipificada en el artículo 185 del código penal español. Elvira Tejada, Fiscal de Sala de la Unidad de Criminalidad Informática, nos explica qué puede considerarse pornografía infantil virtual en el caso de los menores: "Puede ser una construcción completamente artificial. Lo único que exige la ley es, primero, que sea realista, que parezca que sea real, y segundo, que el contenido sea de abuso sexual. Que sea un acto sexual explícito en el que participa un menor o sean los órganos sexuales del menor los que se presentan con un enfoque sexual".

De hecho, en su origen, esta normativa se hizo pensando en regular las imágenes de cómic o manga extremadamente realistas. Pero, señala Jorge Bermúdez, ha terminado encajando como un guante en la IA.

Tejada explica que, aunque no sean imágenes reales, su creación y difusión constituyen un delito, porque se está protegiendo el desarrollo normal de la infancia como bien jurídico plurisubjetivo. Y lo que se sanciona es promover el negocio con material de abuso sexual infantil.

Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, también describe estos delitos como preocupantes y repetitivos, aunque cree que, gracias a la legislación, al trabajo de las fuerzas de seguridad y de la Fiscalía, hay elementos normativos y punitivos suficientes para atajarlos. Pero, cree, la labor de las familias y de los estamentos educativos son también claves para prevenirlos.

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