Según el abogado Luis Tuero Fernández, el recluso, G.M., fue dado por muerto debido a la falta de comprobación "médica y técnica" necesaria para confirmar "la realidad del fallecimiento", ya que "un simple electrocardiograma" o una monitorización de la función cardíaca hubieran permitido descartar la muerte "de inmediato".
En el escrito relata que sobre las 8:00 horas del 7 de enero de 2018, cuando iba a realizarse el recuento diario de internos, funcionarios del Centro Penitenciario de Asturias encontraron a G.M. en la celda 34 del módulo 8 "inmóvil, inconsciente, con muy baja temperatura corporal y sin señales de respiración".
Ante esta situación, se avisó a los médicos del Centro Penitenciario, que le examinaron "superficialmente" y concluyeron "precipitadamente" que había fallecido.
Así, certificaron su muerte y seguidamente se comunicó oficialmente el fallecimiento al Juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo, que se encontraba en funciones de guardia.
A continuación, G.M. fue introducido en una bolsa de plástico de las utilizadas para el transporte de cadáveres y trasladado en un vehículo funerario al Instituto de Medicina Legal de Asturias (IMLA) para que se le realizase la autopsia.
Allí, cuando el recluso iba a ser colocado en la mesa de autopsias, comenzó a emitir "ronquidos y gruñidos y a moverse", por lo que personal del IMLA abrió la bolsa, encontrándole allí "consciente, muy agitado y con graves dificultades para respirar", por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).
Para tratar las dolencias, que a juicio del letrado se ocasionaron "por el deficitario trato que se le dispensó" por los servicios médicos del Centro Penitenciario de Asturias, G.M. tuvo que permanecer ingresado diez días, del 7 al 16 de enero de 2018, sometido a un fuerte tratamiento farmacológico y aplicándole varias sesiones de hemodiálisis para salvar sus riñones.
Más Vale Tarde habló con la hermana y el padre del preso, que relataron cómo ocurrió todo.
