Raúl llevaba cuatro años en prisión provisional acusado de matar y deshacerse del cadáver de su mujer. Una instrucción muy compleja unida a multitud de recursos presentados por su abogado han hecho que salga en libertad sin fianza y sin haber sido juzgado.
Tras cuatro años, se ha cumplido el plazo legal máximo que puede permanecer en prisión provisional. Una complicada situación que no habría ocurrido si se hubiese llegado a un acuerdo. "Si esto se hubiera hecho se podría haber señalado el juicio, celebrado en conformidad, evitado el sufrimiento de la familia...", explica Emilia Zaballos, abogada de la familia de Romina.
De momento, Raúl no ha admitido que la mató, aunque sí que ha confesado que al llegar a casa en la Nochevieja de 2019 se la encontró muerta, se asustó y se deshizo del cadáver despedazándolo. Después, repartió los restos por varios puntos de la isla de Lanzarote.
Sin embargo, esta no fue su primera versión. "Para evitar una discusión yo me fui de mi casa. Cuando vuelvo a mi casa no está ella, no está mi móvil y no está casi toda su ropa", indicó en un primer momento.
Romina le había denunciado por malos tratos un día antes de su boda y dos meses después acudió al hospital por lesiones. Ahora, Raúl saldrá de la cárcel, aunque con medidas cautelares, retirada de pasaporte, comparecencia diaria en juzgados y prohibición de salir del país. Una libertad que tendrá mientras se espera la celebración de un juicio que todavía no tiene fecha.
La familia cuestiona las medidas por insuficientes
En un videocomunicado, la abogada de la familia de Romina cuestiona esas medidas por insuficientes: "Ante las penas de 25 a 30 años a las que se enfrenta, el riesgo de fuga es alarmante, es altísimo, esto es un sufrimiento más para la familia, que no puede cerrar el duelo y ahora recibe este duro golpe". "Asó en la barbacoa a su mujer, la descuartizó y distribuyó por los acantilados de Lanzarote todos sus restos", recuerda Zaballos.
La familia de la víctima, añade la letrada, está "muy molesta, porque no puede ser que un procedimiento que tiene prioridad en su tramitación" se dilate tras una instrucción y una investigación policial "impecables y hechas en tiempo récord" por "causas absurdas", derivadas entre otras cosas de los cambios de juez.
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