Un centenar de personas se concentró la tarde de ayer frente al local en el que murieron por un incendio cuatro personas de una misma familia, entre ellas dos niños de corta edad, denunciando que "no es un caso aislado, sino parte de la violencia diaria que sufren muchas familias sin recursos".
El incendio de la antigua oficina bancaria se produjo poco antes de la seis de la mañana, sin que los servicios de emergencias pudieran salvar la vida de la familia, cuyos cuatro integrantes fueron hallados inconscientes en su interior: una pareja formada por un hombre pakistaní y una mujer rumana, y sus dos hijos menores, que llevaban dos años viviendo en este local en condiciones precarias.
Desde la PAH y la APE han denunciado las condiciones de pobreza habitacional y energética que suelen ocasionar este tipo de incendios, y que según un comunicado de ambas asociaciones, "empeora cada vez más por los elevados precios de alquiler de las viviendas, los obstáculos que pone el mercado inmobiliario y la falta de políticas de vivienda para aumentar el parque público".
Durante la concentración, la portavoz de APE, María Campuzano, denunció que la situación se debe a que no hay una ley integral que garantice el derecho a la vivienda. La portavoz de la PAH, Lucia Delgado, urgió al Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y al Gobierno a buscar soluciones y denunció su "ineficacia ante el problema de vivienda pública" que existe en la ciudad.
El SHED, por su parte, acudió a la concentración con el lema "No son muertes, son asesinatos. Es una guerra contra los pobres", y denunció también las dificultades para acceder a la vivienda en la ciudad de Barcelona, considerando que estas muertes son sólo "la punta del iceberg".
Durante la concentración se escucharon gritos como "No quieras que me calle, si me echas a la calle" o "Familias en la calle, y no le importa a nadie". En el lugar de los hechos, diferentes personas depositaron velas y mensajes para recordar a las víctimas.
La familia fallecida estaba en situación administrativa irregular, lo que impide tener un contrato de trabajo, vivir de alquiler o acceder a ayudas del Estado y de la Generalitat.
Así lo ha explicado la teniente de alcalde de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, Laura Pérez, que ha precisado que los ingresos de la familia provenían de la recogida de chatarra y que la pareja cuidaba bien de sus hijos y del local, según habían podido constatar los servicios sociales municipales.
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"Detrás de esta tragedia hay una situación de pobreza y exclusión social", ha señalado Pérez, que ha denunciado la complejidad de solucionar la situación de vecinos en situación irregular en España a los que el Ayuntamiento solo puede ofrecer alojamientos provisionales de urgencia.
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