El protocolo de acoso sexual es obligatorio para todas las empresas, pero en los últimos días se ha conocido el caso de una empresa -Tecnocasa- que no solo no lo ha aplicado, sino que cuando una de sus trabajadoras denunció una agresión sexual, fue despedida.
La mujer ha sido despedida tras denunciar una agresión sexual por parte de un compañero en una convención de trabajo. Ahora la empresa, Tecnocasa, anuncia que ha suspendido temporalmente relaciones con la franquicia que la despidió hasta que se esclarezca lo sucedido. Pero ¿por qué no se puso en marcha el protocolo contra acoso sexual, obligatorio?
La empresa podría enfrentarse a una elevada sanción. Y es que según lo establecido en la ley, ahora es la empresa quien debe demostrar que el despido no está relacionado con la agresión sexual denunciada por la trabajadora. "Al menos la ley es muy clara: la consecuencia de ese tipo de despido es un despido nulo", explica a laSexta Noticias la abogada laborista, Ana Gómez.
Y añade que la "ley lo que dice es que la empresa tendrá la carga de demostrar que esos argumentos que le ha dado para fundamentar el despido no están conectados con los hechos, con su denuncia". La vicepresidente segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Diaz, se ha pronunciado sobre este caso, pidiendo que se abra una inspección de trabajo para que investigue lo ocurrido.
"Esto es una vulneración flagrante de los derechos fundamentales. Ninguna denuncia puede hacer que te despidan. He pedido a la Inspección de Trabajo que investigue lo ocurrido. Esto no puede quedar así. No estás sola", ha escrito la ministra en su cuenta de X.
Una multa de hasta 225.000 euros
El protocolo de acoso sexual es una obligación para todas las empresas para evitar la comisión de delitos y establecer canales de denuncias o reclamaciones. Algo que en este caso la oficina donde ocurrieron los hechos no activó dicho protocolo cuando la víctima puso en conocimiento de su jefe la agresión que había sufrido.
"Una empresa cuando recibe una denuncia de este tipo tiene que investigar, no puede tomar arbitrariamente una medida de despido si no tiene base. Posiblemente lo esté investigando porque sino la empresa va a asumir una responsabilidad muy grave por omitir todas las medidas que exige la ley", zanja la abogada Gómez.
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La empresa podría enfrentarse a una elevada sanción administrativa por no activar dicho protocolo o por no contar con él. Son multas que van desde los 7.000 hasta los 225.000 euros y, en los casos más graves puede tener sanciones judiciales.
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