Los trabajadores de la industria del metal de la provincia de Cádiz llevan más de una semana de huelga y manifestaciones. Unas protestas cuyo motivo principal -y la barrera que impide un acuerdo- es el sueldo de los trabajadores.
El pasado diciembre expiró el convenio colectivo del sector bajo el que están albergados 29.000 trabajadores, que están empleados en las llamadas empresas auxiliares que dan servicio a gigantes como Navantia, Airbus o Dragados.
El choque para acordar un nuevo convenio para el sector está en la subida salarial. Los sindicatos (UGT FICA y CCOO) exigen a la Federación de Empresarios del Metal de Cádiz (Femca) una subida del 2,5% anual más el IPC para 2022 y un aumento del 3% más el IPC para 2023, además de una rebaja de cuatro horas de trabajo al año.
Se trata de una exigencia que la Femca no acepta y su última oferta ha sido un convenio de tres años de duración: para 2021 ofrece un aumento del 2% con efectos retroactivos desde el 1 de junio, para 2022 ofrece otra subida del 2% y lo mismo para 2023. Si a finales de 2023 el IPC real de los tres años hubiera sido superior a la subida, ofrecen abonar a cada trabajador un pago con la diferencia.
Este planteamiento sigue siendo rechazado por los sindicados, que alegan que tres de cada cuatro empleados del sector son eventuales por lo que no recuperarían nunca el poder adquisitivo perdido. De hecho, acusan a la Femca de querer "desgastar" a los trabajadores y "reírse de la junta".
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Por su parte, la Femca se escuda en el rechazo de las exigencias alegando que "las empresas están en riesgo de desaparición". Su secretario general, José Muñoz, pide "llegar a un punto de equilibrio en el que los trabajadores puedan ganar más por lo que están y que las empresas puedan ir adquiriendo trabajos que permitan crear empleo".
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