REACCIONES A LA PROPUESTA DE UNIDOS PODEMOS

"Basta ya de que sobrevivir sea un delito": ¿qué ocurriría si se despenalizara el 'top manta' en España?

La propuesta de Unidos Podemos para despenalizar el 'top manta' no tardado en desatar toda una ola de reacciones. La idea pasa por contemplar la venta ambulante como una falta administrativa y no como un delito para que este tipo de actividad deje de estar penada con hasta dos años de prisión.

"Basta ya de que sobrevivir sea un delito". Son las palabras de Malick Gueye, miembro del sindicato de manteros y lateros. Ellos también aplaudenla medida que propone Unidos Podemos para despenalizar la venta ambulante.

La formación de Pablo Iglesias pretende que el 'top manta' deje de ser delito y vuelva a considerarse únicamente como una falta administrativa, es decir, que cuando el beneficio sea menor a 400 euros la falta pasa a considerarse como tal y no como un delito.

"Los que son de verdad enemigos de quien genera riqueza en España, que son el pequeño y mediano comercio y los trabajadores, son todos aquellos que creen que pueden vivir al margen de la ley beneficiados por amnistías fiscales de los señores corruptos del PP", apunta Irene Montero, portavoz de Unidos Podemos, para defender la propuesta de despenalización de la venta ambulante.

A su vez, PP y Ciudadanos se han apresurado a atacar con dureza la propuesta de la formación morada. Javier Maroto (PP) y Albert Rivera (C's) ya han salido al paso de la idea para referirse a ella como una forma de "reírse a la cara de los comerciantes" o como "una idea de bombero".

Pero los expertos advierten: el 'top manta' no es el principal problema.Carlos Cruzado, portavoz del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, asegura que el problema real no es el de la economía sumergida derivada de la venta ambulante, sino en "atacar a los grandes importadores de productos falsificados".

Las actuales penas de entre seis meses y dos años de cárcel por este tipo de actividades son absolutamente desproporcionadas. "Lo son en relación a lo que pagan quienes realmente deberían ser perseguidos, es decir, los que se dedican a la falsificación", apunta el abogado Ricardo Cano.