Prostitución. Drogas. Maltrato. Niñas tuteladas. Son palabras que en las últimas semanas y meses hemos escuchado demasiadas veces juntas y revueltas. Palabras que jamás deberían ir de la mano y que han copado escandalosos titulares.
En Madrid, el caso saltaba a la opinión pública a principios de año:la Policía detenía a 37 personas de una red de prostitución de menoresque se dedicaba a convertir a niñas tuteladas por la Comunidad en adictas a las drogas y -una vez las convertían en dependientes- las sometían a violaciones en diferentes 'narcopisos'. Todo a cambio de su dosis diaria de crack.
Un modus operandi perverso y que se aprovecha de la vulnerabilidad de estas menores que viven un profundo desarraigo en los centros tutelados de régimen abierto, lugares masificados a los que llegan después de los calvarios que sufren en sus propias casas.
Pero el caso de Madrid no es algo nuevo ni aislado. En Mallorca la violación de una menor de 13 años la Nochebuena de 2019 también destapóel caso de al menos 16 menores que estaban siendo prostituidas. Hubo entonces 17 personas detenidas. Y en la Comunitat Valenciana más de lo mismo: allí se investigan 175 casos de abusos a menores tuteladas por la Generalitat.
Pero, ¿qué está pasando en los centros tutelados? ¿Cómo es posible que durante su estancia en un lugar donde deben estar protegidos ocurran esas atrocidades? Para responder a estas preguntas es necesario poner los datos en contexto.
Acogimientos familiares vs. Acogimientos residenciales
En España hay dos tipos de modalidades de acogimiento a menores tutelados por la administración: familias y acogimientos residenciales (centros tutelados y pisos tutelados).
La Ley de Protección a la Infancia se modificó en 2015 y se introdujo la obligación de dar prioridad al acogimiento familiar frente al residencial, pero aun así casi la mitad de los menores van directamente a centros tutelados u hogares sociales.
1.177 niños que viven en lugares donde no deberían
De los 49.171 menores de edad atendidos por el Sistema Público de Protección a la Infancia, 18.892 se encuentran acogidos por familias y 16.991 se encuentran en acogimientos residenciales. Son datos de 2020, los últimos publicados por el Observatorio de la Infancia, y que rompen la tendencia de años anteriores en los que la mayoría de estos menores se encontraban en régimen residencial: en 2018 eran 21.283 y en 2019, 23.209.
Otra de las premisas de la ley de infancia es su oposición al ingreso de menores de 0 a 6 años en centros residenciales, salvo en casos excepcionales. Y de nuevo los datos vuelven a evidenciar que no se cumple la ley: el 7% de los menores que viven en centros tutelados o pisos sociales tienen entre 0 y 6 años. Son 1.177 niños que viven en lugares donde no deberían.
Macrocentros tutelados vs. Pisos
En el modelo de acogimiento residencial existen dos tipos de lugares donde los niños son destinados: los centros tutelados, más masificados, y los pisos, donde los educadores trabajan con un número más reducido de menores.
Norma Gonzálvez, presidenta del Colegio de Educadores de Valencia, explica que una de las reivindicaciones históricas del sector ha sido "exigir la desaparición de los macrocentros, aún muy presentes en muchas comunidades autónomas, en pro de hogares mucho más pequeños que puedan funcionar en la medida de lo posible como pequeñas familias".
Según explica, este modelo "permite una vinculación entre el niño y adolescente con sus educadoras sociales que es imprescindible para una intervención satisfactoria".
La vida en los centros: cuna de "analfabetos emocionales"
Raúl Serrano pasó 14 años de su vida en centros de menores. En su casa había violencia y su padre -que estaba "en situación de calle"- mantenía una relación polígama con dos mujeres.
"La primera imagen que tengo es la de mi padre dejándonos con una mujer muy grande. Me llevó a un cuarto enrome lleno de camas y lleno de niños", recuerda sobre su llegada al primer centro en conversación con laSexta. Él asegura que la "sensación" que le dejó marcado fue "la soledad del lugar", pese a la cantidad de niños que había allí.
"Se llama Protección a la Infancia, pero es una desprotección"
En la actualidad es guionista y director y ha grabado un documentalen el que se introduce de lleno en las vidas de estos jóvenes que vivieron en estos entornos que, apunta, crean "analfabetos emocionales".
"Se llama Sistema de Protección a la Infancia, pero en realidad es una desprotección", asegura Serrano, que denuncia que a pesar de las situaciones adversas que viven en sus casas, llegan a "lugares donde se les protege de ese daño", pero no se les resguarda "de todo lo demás".
"Tú creces solo, profundamente desarraigado. El desarraigo se produce en varios niveles, se produce en cuanto a pertenecer a un lugar. Los centros son un 'no' lugar, están fuera de la sociedad. Y luego un desarraigo emocional. Ya no vives el amor incondicional que viven la gran mayoría de niños y empiezas a sufrir todos los rechazos de la sociedad. La sociedad no comprende estas figuras", explica.
Precisamente esa "necesidad de pertenecer a un lugar" es la que lleva a muchos de estos menores a caer en redes que los explotan sexualmente y los introducen en el mundo de las drogas. Serrano expone que "el tema de la prostitución lleva años dándose" en este tipo de centros y apunta que ha llegado a conocer a "chicas que se prostituyeron" cuando él vivía en uno de ellos.
"Los niños necesitan vincularse al mundo, pertenecer a un lugar. Muchas adolescentes, por el hecho de pertenecer a un lugar, lo que hacen es acercarse a quien sea, al primero que le de cualquier cosa", asegura. Algo que coincide con lo expuesto en los atestados policiales del caso de Madrid: los captadores las enamoraban y les declaraban su amor para captarlas y hacerlas dependientes de ellos a través de las drogas.
"Todos tienen el sentimiento de abandono"
María -nombre ficticio- es una educadora de uno de los centros de la Comunidad de Madrid y ha explicado a laSexta las dificultades que se encuentran los trabajadores de los centros de régimen abierto a la hora de controlar a los adolescentes cuando salen a la calle en su tiempo libre.
Ella coincide con Serrano y es que apunta que la mayoría de estos jóvenes se acercan a ambientes peligrosos por sus problemas para "socializar, enfrentarse al mundo y asumir su propia realidad": "Tiran hacia cosas para poder evadirse, bien sean drogas, bandas urbanas… Se juntan con gente fuera del centro que no les hace bien".
"Todos tienen el sentimiento de abandono", apunta María, que señala que es el "el principal problema que sufren" porque "tienen una realidad diferente al resto de jóvenes". Su objetivo como profesionales, apunta, es "que vinculen con el hogar y los educadores" para hacerles "pertenecer a un sitio".
Adolescencia y los centros de régimen abierto
El 82% de los menores que viven en centros tutelados u hogares sociales tienen entre 11 y 17 años, más de 13.900 adolescentes que en su mayoría viven en centros de régimen abierto, es decir, lugares donde se les permite salir a la calle en sus horas de ocio, como ocurre en la mayoría de familias en España.
Muchos de estos menores llegan a los centros siendo adolescentes, una situación que hace más complicado a los educadores reconducir ciertas conductas. Helena González, de la ONG Nuevo Futuro, explica que algunos de estos menores "ya tienen mucho adquirido" cuando llegan a los hogares o centros y esos "problemas de origen" son mucho más fáciles de "redirigir" cuando los niños son tutelados con una edad más temprana.
"Redirigir a menores cuando llegan con 15 años es una problemática porque ya han vivido en su propio entorno", la mayoría de las veces en situaciones de maltrato, drogodependencias o explotación sexual.
"Cuando salen a la calle nuestras herramientas se ven mermadas a un 20%"
María, educadora social, coincide con González y asegura que es "un problema muy serio": "He tenido chavales que han estado sufriendo maltrato y eso les ha llevado a otro tipo de conductas de riesgo como puede ser drogas o prostitución. Hasta que los ha tutelado la Comunidad han pasado años. Esos chavales salen de los domicilios donde han vivido tan dañados y con unas conductas tan adquiridas que efectivamente es súper difícil trabajar con ellos para cambiar esa línea con la que han convivido todos estos años".
"El problema no está cuando entran en un centro tutelado. Empiezan muchísimo antes. Hay carencias en los servicios sociales porque hay muchos casos que gestionar y no existe el personal necesario. En muchos casos puede haber evidencias de maltrato y a veces se pasa por alto", asegura.
Además, en las salidas a la calle de los menores reside uno de "los principales problemas" de los educadores para vigilar los hábitos de los jóvenes: "Tú puedes controlar todo lo que los menores hacen en el centro. Sin invadir su intimidad, pero vinculando con ellos para que tengan la confianza de contarte donde se están moviendo, pero cuando salen a la calle nuestras herramientas se ven mermadas a un 20%".
"Un sistema obsoleto", el gran problema
Raúl Serrano asegura que "salvo casos concretos", los centros "no dan las coberturas básicas para que un sujeto se constituya en la sociedad" y asegura que "el gran problema" es que existe "un sistema ya obsoleto".
En esta línea denuncia "la enorme precariedad que tienen los trabajadores" y la tendencia de las administraciones "a tapar sus miserias": "Los recursos no están bien distribuidos y bien ejecutados. Es verdad que es fácil que un adolescente se te pueda ir de las manos pero tu como administración tienes que tener mecanismos para que los educadores que están con ellos sean los apropiados para que estos niños tengan un proyecto vital, cosa que no tienen".
María nos cuenta que los educadores disponen con protocolos de actuación en caso de conductas peligrosas. Muchas veces estos menores se fugan de los centros y el primer paso cuando no regresan a la hora pactada es avisar a GRUME (Grupo de Menores de la Brigada Provincial de Policía Judicial). Ellos activan una alerta para encontrar al menor. Además, los educadores intentan contactar con el adolescente y con todo su círculo.
La falta de centros específicos, "otro gran problema"
Asimismo, cuando empiezan a detectar otro tipo de problemas, cuentan con la ayuda de "los agentes tutores". Se trata de una "especie de policías" que se encuentran en cada distrito y que siguen de cerca los círculos donde se mueven los adolescentes: "Saben lo que se cuece fuera, que es algo que nosotros no podemos ver porque estamos dentro".
"Solemos estar coordinados con ellos para la salida de los colegios, para los parques cercanos donde van todos los chavales", señala María, que apunta que en "el momento en el que se activa una alerta de prostitución, de abuso o de consumo de drogas" se denuncia automáticamente.
En este punto es donde aparece "otro gran fallo del sistema" y es que cuando un menor adquiere este tipo de problemas debería ser reubicado a un "centro específico" donde se puedan trabajar de forma concreta. El problema siempre suele ser el mismo: no hay plazas suficientes.
"Yo tengo un caso que debería estar en un centro específico desde hace años porque esta chica está en riesgo de prostitución, de consumo de sustancias, de abusos. No hay plaza. Llega un momento que no tenemos más herramientas para trabajar, nuestros protocolos llegan hasta donde llegan", denuncia.
La profesionalización del sector, el talón de Aquiles
Norma Gonzálvez, presidenta del Colegio de Educadores de la Comunitat Valenciana, explica a laSexta que una problemática existente en el sector es "la necesidad de profesionalizar el sector" y es que en la actualidad existen comunidades autónomas "donde los estudios para trabajar en un centro de protección no están regulados" y muchas veces "apenas se exige el Bachillerato".
"Muchas veces apenas se exige el Bachillerato"
En esta línea expone que "es imprescindible potenciar la estabilidad laboral de los profesionales, ya que los cambios constantes de los técnicos por las malas condiciones laborales y la precariedad, suponen uno de los más importantes perjuicios para los niños y las niñas".
En este sentido, exigen "mejorar la protección laboral a los trabajadores de los hogares" y "ofrecerles mejores condiciones de acceso y recursos para que exista un reciclaje laboral continuo, aprendiendo con las nuevas necesidades que van surgiendo en la práctica laboral".
Raúl Serrano también incide en este problema y en "el tipo de educación que muchos educadores tienen". Apunta que muchas veces se trata de "postuniversitarios de entre 25 y 26 años". "¿Qué hace una persona de esa edad con 12 chavales? Se lo comen con patatas. Se debería exigir un mínimo de experiencia", denuncia.
En esta línea pide que se ahonde en las "habilidades propias" de cada educador y de las "necesidades específicas que necesita cada menor": "Dentro de una casa hay padres que se dividen el hablar con sus hijos, llevarles a un lugar, simplemente porque tienen habilidades que el otro no tiene y viceversa. Eso es lo que se debería hacer en los centros".
A los 18 años, "caigas donde caigas"
María asegura que el objetivo de los centros y hogares está enfocado a buscar "la autonomía" de los jóvenes cuando cumplan la mayoría de edad. Y aquí está otro de "los mayores problemas" del sistema. Ese objetivo se complica mucho porque "es muy corto el tiempo para conseguir que un chaval consiga los factores que le permitan desenvolverse" como adulto.
Raúl Serrano denuncia que "hay pocos recursos para extender la atención hasta los 21 años" y muchas veces "no hay ninguno". "Lo normal es que a los 18 años te busques la vida como puedas, caigas donde caigas", explica.
"Que te hagan tener relación con tus padres es perversísimo"
En esta línea señala que es "muy perverso" lo que sucede ya que "lo normal es que se te obligue a tener contacto con tus padres": "Llegas a un centro y se supone que no puedes estar con tus padres. Según el tiempo que pases en el centro vas a mirar a tus padres con un poco de distancia. Si han pasado cinco años ya no tienes relación afectiva con ellos. Que de repente te hagan volver a tener relación con ellos es algo perversísimo solo porque te vas a ir a la calle".
En algunos casos estos jóvenes pueden acudir a "centros de emancipación", pero el problema es el de siempre: hay pocas plazas. "He tenido casos en que el único recurso que han tenido los chavales ha sido volver con su familia, no les queda otra", lamenta María.
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Raúl Serrano es claro: el sistema "está enfocado a evitar el daño en el niño pero a partir de ahí no se hace nada más. No se trabaja con las familias biológicas". "Si un padre tiene drogadicción y no se le ayuda, al cabo de 40 años posiblemente sea más drogadicto" y el joven de 18 años tendrá que volver a esa casa si no se le da una alternativa.