La Guardia Civil ha recuperado 98 vehículos de alta gama y 'premium' que habían sido sustraídos en diferentes países, tanto dentro como fuera de la Unión Europea, y ha detenido a 66 personas pertenecientes a una organización criminal dedicada al robo de vehículos por su implicación en diferentes delitos.
El valor de los efectos intervenidos y recuperados en el sector de la automoción, en el marco de la operación 'Suspicio', asciende a más de 6 millones de euros, ha informado la Guardia Civil a través de un comunicado. La investigación se inició en el año 2022, a raíz de las comprobaciones que realiza el Grupo de Investigación y Análisis Central de Tráfico de la Guardia Civil con las jefaturas provinciales y oficinas locales de tráfico.
Así, se pudo constatar la utilización de documentos falsos y falsificados (permisos de circulación), de diferentes países de la UE que amparaban la legalización de vehículos previamente sustraídos y manipulados y que tenían como destino España.
La organización criminal adquiría de forma ilegal vehículos en diferentes países de la Unión Europea como Alemania, Italia, España, Portugal, Países Bajos, Bulgaria, Francia, Italia, Dinamarca, Austria o Bélgica, o de terceros países, como Reino Unido y Emiratos Árabes.
Posteriormente, les modificaban los elementos de seguridad o trazabilidad, cambiando su identidad real por la de otro vehículo de licita procedencia, utilizando para ello permisos de circulación falsos o falsificados.
También introducían vehículos de terceros países sin homologación europea haciéndolos pasar por europeos utilizando para ello documentos falsificados, con el objetivo de ocultar en la aduana española la introducción de vehículos no comunitarios sin acreditar su correcta importación para ahorrarse los impuestos especiales sobre los medios de transporte procedentes de terceros países.
Una vez que los vehículos se encontraban en España con documentación de apariencia legal, los presentaban a las estaciones de ITV para obtener la tarjeta de inspección técnica y los matriculaban y legalizaban para introducirlos en el mercado nacional e internacional a través de plataformas de compraventa de vehículos.
La operación ha sido llevada a cabo por Grupo Central de Investigación de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, con el apoyo de la Unidad Técnica de Policía Judicial y la Agencia Frontex.
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