La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, ha cerrado ya 65 de los 77pozos ilegalesubicados en el término municipal de Lucena del Puerto, Huelva.

Con este operativo, la CHG está dando cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que obligaba al Ayuntamiento a la inutilización de estos pozoz y, en caso de no ejecutarse, al cierre subsidiario por parte del organismo de cuenca, que asegura que los trabajos continuarán con el cierre del resto de pozos ilegalizados y el sellado de dos balsas de acopio y distribución.

El dictamen, contra el que no cabe recurso, supone el fin a un proceso sancionador iniciado por la CHG en 2013, tras una denuncia de la Guardia Civil que motivó un expediente de infracción, resuelto por el organismo de cuenca desde 2014. En la sentencia, el TSJA constató que los 77 pozos sancionados en Lucena del Puerto se encuentran fuera de suelo agrícola regable (SAR), determinado por el Plan Especial de ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana de la Junta de Andalucía. El fallo judicial también evidenció que estos sondeos se ejecutaron sin la concesión de la CHG para la captación de sus aguas.

El Plan Especial de Ordenación de la Junta de Andalucía, ordena el territorio y determina una superficie regable de más de 9.000 hectáreas, de las que aproximadamente 6.100 se encuentran en la cuenca del Guadalquivir.

La CHG concreta que estas explotaciones correspondían bien a terrenos agrícolas puestos en riego antes de 2004 que hubieran mantenido su actividad agrícola, bien a otros terrenos que contaban con derechos de agua para riego, y recuerda que todo suelo que no cumpliera con estos requisitos quedaba fuera de este plan, sin posibilidad de tramitación para su concesión.

Así pues, en la primavera de 2019, la CHG detectó, a través de su sistema de teledetección, el riego de 1.064 hectáreas de invernadero. De ellas, prácticamente la mitad, 487, se encuentran fuera de suelo agrícola regable (SAR), según el Plan Especial de Ordenación de la Junta de Andalucía.

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