El jueves llega al Congreso para su votación laley de vivienda y el compromiso del Gobierno de aumentar el número de viviendas dedicadas a alquiler social. Después, habrá que decidir cuáles son las zonas tensionadas.
El Gobierno ha anunciado de forma consecutiva el uso deviviendas de la Sarebpara alquiler social, el uso fondos europeos para financiar la construcción de vivienda pública y la ya pactada ley de vivienda.
El economista Alejandro Inurrieta, aclara qué le parece este anuncio. "Es la primera ley que trata de intervenir directamente desde el Estado en el mercado de la vivienda", algo que él piensa que tiene una intención clara: "trata de poner coto a una situación dramática para muchas personas".
Lo cierto es que, al entrar en vigor, aliviará la situación de los inquilinos con medidas como que ahora el pago de los honorarios de agencia pasen a estar a cargo de los propietarios. Además, se aplicará el tope de la subida en el alquiler al 2%, y el año que viene al 3%.
"Hay muy buen marco pero vemos que se queda insuficiente a la hora de que sea real y efectivo que se declaren zonas tensionadas", confiesa Víctor Manuel Palomo, abogado del sindicato de inquilinos.
Lo cierto es que el hecho de que una zona sea declarada como tensionada entra en la competencia compartida con las Comunidades Autónomas. Madrid, de momento, ya ha dicho que no quiere intervenir. "Podría ser muy impopular que un gobernante no lo declare zona tensa cuando zonas como Madrid tiene unos alquileres muy elevados", reconoce Víctor Manuel.
Además, defienden que el problema del mercado de las viviendas es de ofertas y que la solución pasa por ofrecer nuevas casas. "El futuro tiene que marcarlo un parque de vivienda grande y se necesita años y esfuerzo financiero", explica Antonio Luis Gallardo, responsable de estudios de ASUFIN.
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Sin embargo, para esto hará falta tiempo. Por un lado, porque de las 50.000 casas de la Sareb para alquiler social, apenas 9.000 están listas de forma inmediata. "Lo que queda será vivienda que necesite inversión para ponerla al día", desvela Antonio Luis Gallardo.
Para 95.000 alumnos de 402 centros educativos
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Esta decisión, según ha informado esta madrugada la dirección del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía, afecta también a centros de día, dependientes y de personas con discapacidad.