Pocos minutos después del atropello masivo (confirmado a las pocas horas como atentado terrorista), los Mossos d'Esquadra han activado un amplio operativo para acordonar el centro de Barcelona, detener a los presuntos autores mediante la llamada operación Jaula y atender a las víctimas.
Dentro de la operación antiterrorista desplegada, las fuerzas de seguridad han localizado también un segundo vehículo sospechoso en el municipio de Vic (Barcelona), que agentes especializados en explosivos han examinado sin encontrar peligro.
Las pesquisas continúan para aclarar quiénes han sido los autores y cuáles fueron sus conexiones. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha encabezado un comité de crisis horas después del atentado, al que ha acudido también la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
A su término, en una declaración ante la prensa en el Palau de la Generalitat, ha asegurado que Cataluña, pese al ataque, "ha sido, es y será tierra de paz, bienvenida y acogida". Su reacción ha sido una más del alud de manifestaciones de solidaridad y fraternidad con el pueblo catalán que han expresado diversos dirigentes políticos.
El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, que se ha desplazado a la Ciudad Condal junto a su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Interior, ha tenido diversas conversaciones con el propio Puigemont, así como con el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, para recibir puntual información de las consecuencias del atentado. Ante los medios de comunicación, Rajoy ha dicho que en próximas fechas convocarán "el pacto antiterrorista".
El Govern, por su parte, ha habilitado el teléfono gratuito 900400012 para atender a las víctimas del atentado. Las secuelas se han extendido incluso hasta el aeropuerto de El Prat, donde los empleados de la empresa de seguridad, Eulen, han suspendido temporalmente la huelga.
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