Para la Fiscalía, el proceso independentista fue un atentado contra la integridad de España que culminó cuando Carles Puigdemont proclamó la DUI. Defiende que sus líderes, los nueve que están en prisión preventiva, incitaron a votar en un referéndum ilegal y cometieron un delito de rebelión.
Las defensas afirman que no hubo violencia, ni uso de armas y sin ello no puede haber rebelión. Fue solamente, dicen, la defensa de un proyecto político.
El magistrado emérito del Supremo Martín Pallín recuerda que en 1987 el Tribunal Constitucional hizo una declaración para justificar la privación de ejercer como cargo público a Otegi afirmando textualmente que "la rebelión exige el uso de armas e incluso de explosivos".
Además, afirma que hay una "regla de oro" en el derecho penal, y es que "se debe interpretar restrictivamente y no ampliándolo como ha hecho Llarena". Pallín recuerda que "el TC declaró constitucional la ley de enjuiciamiento criminal que equiparaba constantemente elementos terroristas y rebeldes", y sentencia: "No conozco terroristas que repartan rosas o panfletos".
