La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha analizado en Al Rojo Vivo el desarrollo del paro de los transportistas. La ministra ha puesto en valor los avances que se han hecho en estos años por parte del Gobierno y aunque ha mostrado su "máximo respeto a la movilización", ha insistido en que "el paro no está justificado por el esfuerzo del Gobierno". "Estamos dispuestos a seguir trabajando y profundizando en aquellas medidas necesarias", ha prometido.
"La amplia mayoría del sector del transporte reconoce los avances que hemos hecho", ha defendido justificando que precisamente por ese motivo, la plataforma mayoritaria que representa a las principales organizaciones empresariales del sector, no es la que ha convocado este paro.
La convocatoria es de la plataforma minoritaria (Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte), compuesta principalmente de autónomos y pequeñas empresas, que protesta por el incumplimiento por parte de los cargadores (clientes de los transportistas) de la ley que prohíbe trabajar bajo coste y la participación gratuita de los conductores en las tareas de carga y descarga.
Se trata de la misma organización que, el pasado mes de marzo, protagonizó un paro que duró veinte días, generando graves problemas en la cadena de suministros, aunque en esta ocasión no se están registrando grandes incidencias y el seguimiento está siendo discreto.
La ministra ha insistido en Al Rojo Vivo en que las negociones están abiertas y en que el Gobierno sigue trabajando. Frente a las quejas de los camioneros, que denuncian que trabajan a pérdidas y que no hay suficientes inspecciones a las empresas para garantizar sus derechos, Sánchez ha defendido que existen mecanismos "para garantizar que esto no sea así". No obstante, ha pedido que se denuncie. "Cuando se produce una infracción y se denuncia, la inspección está actuando, pero es muy importante que se identifique al infractor, cuál es el incumplimiento y que se aporten datos", ha señalado. "Si se da un incumplimiento y se acredita que se da ese incumplimiento, la sanción se impone", ha añadido sobre unas multas que pueden rondar los 4.000 euros.
No obstante, el Gobierno sigue trabajando, según la ministra, que cree que en nada va a ayudar un paro, que "a quien más perjudica es a esos transportistas que lo están secundando" y que podría dañar también a la sociedad. "Nuestro objetivo es garantizar unas condiciones dignas para los transportistas y que puedan trabajar cubriendo sus costes", ha sentenciado.