Los Franco denuncian que el Gobierno no tiene jurisdicción para acordar esa exhumación, por el carácter inviolable de la Basílica del Valle de los Caídos, y recuerdan la expresa denegación del prior.
Además enumeran los motivos por los que, en caso de exhumación, esos restos deberían ser trasladados a la catedral de la Almudena. Una opción que la Delegación del Gobierno desaconseja.
Los Franco, citando a expertos consultados en la materia, argumentan que es un lugar altamente seguro, con una fuerte presencia de agentes debido a su proximidad al Palacio Real.
También alegan que no existe previsión de afluencia masiva de visitantes. Cifran como máximo 1.000 visitas diarias e ironizan y lo comparan con las 100.000 personas que reúne un partido de fútbol.
Ademas consideran "despreciable" el riesgo de disturbios de orden público que alegó la Delegación del Gobierno; argumentan que concentraciones anteriores han reunido a poca gente.
En su rosario de argumentos para frenar esa exhumación, los Franco incluso hablan de incumplimiento de la normativa vigente en materia de sanidad mortuoria.
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