Si todo discurre según lo previsto,Enrique Arnaldo, uno de los candidatos del PP para la renovación del Tribunal Constitucional, será elegido. El magistrado tiene un estrecho vínculo con los populares y también ha estado relacionado con diversos casos de corrupción.
Unidas Podemos ya ha señalado que votará a favor de éste polémico candidato "con la nariz tapada", a pesar de que no parece ser demasiado idóneo para el cargo por el amplio catálogo de 'sapos' que le rodean.
La última información que se ha conocido revelaba que Arnaldo incumplió la Ley de Universidades al trabajar como profesor en un centro público y uno privado simultáneamente: siguió cobrando de la privada Cardenal Cisneros a la vez que de la pública Rey Juan Carlos hasta el curso 2014-2015, a pesar de que esta práctica quedó prohibida en 2011.
Otra de sus irregularidades tiene que ver con el curriculum que presentó en el Congreso de los Diputados, donde afirmaba que abandonó su empresa en mayo de 2017. Sin embargo, un documento que publicó la Cadena Ser refleja que su sociedad se presentó en 2019 a una adjudicación del Ayuntamiento de Las Rozas, en Madrid, en manos del PP.
Su siguiente 'sapo' tiene que ver con un informe de la Agencia Tributaria, que reveló que entre 2003 y 2008 su empresa recibió contratos de administraciones gobernadas por el PP por valor de 979.000 euros.
Además, Arnaldotuvo negocios con el testaferro confeso del expresident de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana: en un convenio de colaboración que también publicó la Ser, se puede ver el nombre del abogado uruguayo Fernando Belhot.
Pero es que el nombre del magistrado también ha aparecido en dos conocidas causas judiciales relacionadas con dirigentes del PP. Por un lado el caso Lezo: Arnaldo fue grabado en 2016 en conversación con el entonces investigado, el expresidente madrileño Ignacio González, comunicándole que se estaba "moviendo" para colocar un fiscal "bueno".
Pero es que el magistrado estuvo imputado en el caso Palma Arena acusado de recibir un contrato amañado y por el supuesto soborno al expresidente Jaume Matas. Arnaldo llegó a declarar ante el jues Castro, pero el caso acabó archivado por prescripción de unos delitos y porque no pudieron acreditarse otros.
