Santiago Abascal, presidente de Vox, ha anunciado este martes que su partido ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Su objetivo: frenar la investidura que revalidaría en su cargo al candidato socialista después de registrar en el Congreso la ley que regula la amnistía para los implicados en el procés independentista catalán. Así lo ha expresado el propio líder de la formación de ultraderecha tras hacer efectiva esa denuncia ante el Alto Tribunal por la promoción de una norma, la de la amnistía, que ha definido como un "ataque a la división de poderes".
"Hoy estamos ante el Tribunal Supremo en defensa de la ley por encima de cualquier tipo de planteamiento ideológico. Anunciamos la presentación de una querella contra el presidente del Gobierno en funciones, pedro Sánchez, contra Carles Puigdemont y también contra las asociaciones golpistas, Partido Socialista Obrero Español y Junts, por los delitos de cohecho, encubrimiento de delitos, usurpación de funciones del Poder Judicial y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos", ha declarado Abascal ante los medios de comunicación tras impulsar la querella.
Una querella a través de la cual Vox ha solicitado que "de manera cautelar se suspenda inmediatamente la investidura [de Sánchez]", así como que "se comunique de manera oportuna tanto a las Cortes Generales como a su majestad el rey". La realidad es que esa suspensión cautelar solo podría darse por la vía penal si se estuviera produciendo de forma flagrante algún delito que, de esa forma, se tendría que evitar con la suspensión del pleno de investidura. En este sentido, el catálago de delitos que ha mencionado Abascal va desde el cohecho hasta la usurpación de funciones judiciales. No obstante, la amnistía es una acción que los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados tienen la posibilidad de aprobar y ejecutar, por lo que resulta bastante complicado que el Supremo vaya a acceder a la petición de Vox; al menos, tal y como se ha planteado.
El documento, al detalle
Pero ¿qué dice exactamente la querella? En el escrito, Vox apunta que los actos que "se meritan" en el documento "en sí mismos son ya actos delictivos, y justificarían por sí solos la adopción de la medida solicitada". Y añade: "No obstante, confirmada el iter críminis, y la comisión de los hechos acaecidos en estos días, no sólo justifican sino que acucian la necesidad urgente de adoptar medidas para que el desarrollo de los consiguientes actos, contenidos y anunciados en los acuerdos investidura puedan ser irreversibles para la protección de lo bienes jurídicos que el ordenamiento pretende proteger".
En este caso, los bienes jurídicos a proteger serían la unidad de España y la separación de poderes. Así las cosas, considera la ultraderecha en su querella que si no se para el Pleno de investidura habrá referéndum de autodeterminación en Cataluña. "Si no se suspende la tramitación de la investidura, por mor de las conductas presuntamente criminales aquí referidas, el Sr. Sánchez obtendrá el definitivo favor del apoyo parlamentario de los también querellados, y seguirá su curso el conjunto de iniciativas para aprobar la ley de amnistía, la convocatoria de un inconstitucional e ilegítimo referéndum de autodeterminación o el encargo al relator internacional, quedando todo ello extramuros de la potestad jurisdiccional si se ejecuta mediante normas con rango de ley".
Esto es un golpe de Estado que quiere perpetrar Sánchez con todos los enemigos del orden constitucional"
En consecuencia, Vox señala que, "en uso de una maquillada apariencia de legalidad, dando trámite a sus propuestas, obligará al Rey a refrendar un nombramiento de presidente con racionales y razonables indicios de criminalidad, y luego en su caso a sancionar unas normas manifiestamente inconstitucionales y que constituye, asimismo, un acto contrario a la Monarquía y a la funciones constitucionales del Rey, y habilitando el riesgo grave para la justicia y el Estado de derecho y la igualdad ante la ley". Además, presume que la no sanción de esta cuestión permitiría "continuar el fraudulento iter procedimental hasta la entrada en vigor de normativa, antes de que sea posible paralizarla ante el Tribunal Constitucional".
Para la ultraderecha, la ley acordada por PSOE y Junts para dar salida a una nueva legislatura liderada por el Gobierno de coalición progresista es en realidad "un golpe de Estado que quiere perpetrar Sánchez de acuerdo con todos los enemigos del orden constitucional". Es la razón, según ha precisado, por la que ha "presentado una querella contra el presidente y sus cómplices". "También vamos a intentar detener este golpe en el Senado, donde hemos pedido que no se tramite la ley de amnistía, y que por tanto quede paralizada y sin efecto", ha subrayado Abascal, que ha reconocido que "eso va a dar lugar, sin ninguna duda, a un conflicto institucional".
La Mesa del Congreso, también en el punto de mira
Poco después del anuncio realizado por Abascal, Vox también ha dado a conocer que presentará una querella por prevaricación contra el letrado, el secretario general y los diputados de la Mesa del Congreso que hayan pedido la tramitación de la ley de amnistía. Ha sido la portavoz del partido ultraderechista, Pepa Millán, quien ha tachado de "piruetas jurídicas" esta cuestión y que sus autores "serán querellados por prevaricación por dictar una resolución a sabiendas de su ilegalidad".
"Que un letrado con carnet socialista invente un informe a favor de la tramitación no le exime de la responsabilidad de la ilegalidad de la PL de la amnistía", ha asegurado Millán, quien ha insistido en que su formación "agotará todas las vías posibles" para frenar la aprobación de la ley de amnistía "recurriendo incluso al Tribunal Constitucional".
