A Sergio Murillo, víctima de la tragedia de Biescas en la que perdió a toda su familia, le advirtieron de que el proceso judicial sería "duro, largo e incluso posiblemente infructuoso". Y no se equivocaron. El viacrucis judicial de Sergio -al igual que ocurrió con otras víctimas- comenzó en el juzgado de Instrucción de Jaca. Duró cuatro años y el caso terminó siendo archivado. La Audiencia Provincial de Huesca también lo archivó. "Entendemos que había la consigna clara de archivar", lamenta la abogada Elena Melero.
"Con la existencia de cuatro informes previos a la construcción -del camping-, que advierten del peligro para la vida de las personas, qué vamos a pensar", plantea Melero. Sin embargo, Murillo y Elena Melero no se rindieron. Cinco años después de la riada, el Tribunal Constitucional tampoco admitió un recurso de amparo y archivó la causa con los mismos argumentos que habían usado en las instancias previas. Llegados a este punto tan sólo les quedaba una vía: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. "Lo que hicimos fue quitarnos la boina e ir a Estrasburgo", relata la abogada.
Delitos muy graves
Se acusó al presidente de la SGAE y a otros ocho miembros de la cúpula de "estafa, apropiación indebida y administración fraudulenta"
La operación contra la sede de la SGAE se saldó con nueve detenidos. Los dos principales fueron Teddy Bautista, presidente de la sociedad y José Luis Rodríguez Neri, presidente de la Sociedad Digital de Autores (SDAE).