Andrea Ropero charla con Michaela Kauer, ex teniente de alcalde de la ciudad austríaca y responsable de vivienda en la oficina de Viena en Bruselas. Esta ciudad austríaca cuenta con un modelo que ha permitido que el 78% de sus habitantes vivan en viviendas de alquiler social o residencias públicas o de cooperativas.
La experta en vivienda apunta que sus políticas también afectan a la propiedad privada. Austria cuenta con una ley de alquileres que protege mucho a los inquilinos. Entre otras medidas, por ejemplo, los contratos de arrendamiento más habituales son de duración indefinida. También las rentas están reguladas, hay protección contra los desahucios y se controla el precio del alquiler.
"Si surgen problemas", explica, "la ciudad de Viena ha creado pequeñas unidades de resolución de disputas a las que se puede acudir sin necesidad de contar con un abogado". La ciudad también sufre el problema de las viviendas turísticas como muchas capitales europeas. Como expone Kauer, se vieron en la necesidad de contar con los datos de los arrendadores, una información que muchas plataformas no dan a los ayuntamientos. Para ello, fueron hasta la Unión Europea y solicitaron un cambio legal. "Ahora tenemos los datos y podemos controlarlo mejor", indica.
Sobre si este modelo podría extrapolarse a, por ejemplo, España, Michaela Kauer se muestra cauta y expone que "no sé si me atrevería a hacer un corta y pega". "Se trata de invertir dinero público y que este circule dentro del sistema, lograr acuerdos de alquileres para evitar que los precios no se disparen y la gente pueda quedarse en sus viviendas", explica.
"Se trata de controlar lo que está pasando con el suelo, especialmente en las ciudades, no vender y fomentar los contratos de arrendamiento a largo plazo", añade. La experta en vivienda concluye afirmando que "hay que hacer todo esto a la vez porque se trata de aplicar una batería de medidas conjuntas".
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