Así es la realidad de los menores migrantes no acompañados que llegan a España

El Tribunal Supremo ha dado un golpe sobre la mesa y ha lanzado un ultimátum al Gobierno de España: en 10 días, deben tomarse medidas concretas para acoger a 1.000 menores migrantes que llevan meses hacinados en condiciones indignas. Estos 1.000 niños y niñas, que han sido sistemáticamente deshumanizados por una campaña de estigmatización brutal, esperan un trato digno, no solo como migrantes, sino como seres humanos que han huido de la violencia y el hambre.

La crisis humanitaria en España no es nueva, pero se ha visto intensificada por el discurso político y mediático en torno a los menores extranjeros no acompañados. Desde hace casi un año, se discute la "distribución" de estos menores entre las comunidades autónomas, como si de mercancía se tratara.

"Repartir" menores es un término que refleja una profunda deshumanización. No son objetos ni cifras en un sistema; son niños, niñas y adolescentes que han llegado a España tras recorrer miles de kilómetros, sin la protección de un adulto, y enfrentando situaciones extremas que nadie debería experimentar a su edad.

El uso del término 'MENA' (menores extranjeros no acompañados) se ha convertido en un símbolo de esta deshumanización. Lo que podría parecer una simple etiqueta se ha convertido en un potente mecanismo de estigmatización y exclusión, asociando a estos menores con criminalidad sin fundamento. Pese a que no existe un solo dato oficial que vincule a los menores migrantes con delitos cometidos exclusivamente por ellos, la percepción pública sigue alimentada por un discurso que los presenta como una amenaza.

Sin embargo,los datos oficiales cuentan una historia diferente. De acuerdo con las cifras, ocho de cada 10 menores que llegaron a España sin acompañamiento y que han alcanzado la mayoría de edad, hoy trabajan o estudian en el país. En concreto, cuatro de cada diez que fueron tutelados por las autoridades trabajan, tres estudian, y dos combinan ambas actividades.

De hecho, solo un pequeño porcentaje, menos del 10%, accede al subsidio del ingreso mínimo vital. Estos datos desmienten los mitos que siguen circulando, como que los menores migrantes vienen a vivir de ayudas sociales.

El 89% de estos jóvenes, que llegaron siendo niños vulnerables, hoy están contribuyendo activamente a la sociedad. Están aprendiendo, creciendo y comenzando a construir una nueva vida. Sin embargo, muchos siguen atrapados en un limbo administrativo y social que pone en peligro su desarrollo y su bienestar.

La orden del Supremo al Gobierno para cumplir con su obligación de acoger a 1.000 menores en condiciones adecuadas no es solo un mandato legal, sino un llamado a la conciencia colectiva de un país que no puede permitirse cerrar los ojos ante la vulnerabilidad de los más pequeños. España, con sus 49 millones de habitantes, tiene la capacidad de proporcionar un hogar, educación y protección a estos niños y niñas que, aunque llegados de otros lugares, se han convertido en una parte integral de nuestro futuro.

Este ultimátum debería servir como un recordatorio de la responsabilidad moral y legal que tenemos como sociedad. Estos menores no son números, no son un problema ajeno. Son seres humanos, niños, que necesitan un sistema de acogida que no los trate como objetos a repartir, sino como personas a proteger y apoyar.

En última instancia, la verdadera pregunta es: ¿qué tipo de país queremos ser? Un país que se cierra a la ayuda a los más vulnerables, o uno que acoge, protege y apuesta por el futuro de sus niños, sin importar su lugar de origen.