25 años de Aznalcóllar: ¿por qué la empresa culpable del desastre no ha pagado ni un euro de los 90 millones?

Hace 25 años, la presa de la mina de la empresa sueca Boliden se rompió y provocó una de las mayores catástrofes ambientales de la historia de España. Fue en Aznalcóllar, en Andalucía, donde se derramaron cinco millones de metros cúbicos de vertidos tóxicos junto al parque de Doñana, provocando la muerte de decenas de toneladas de peces y deteriorando por completo el ecosistema de la zona.

Ahora, un nuevo proceso judicial vuelve a enfrentar al Gobierno de Andalucía y a la multinacional. La Junta les exige 90 millones de euros por el impacto del vertido, así como por el coste de la retirada de los lodos tóxicos y para restaurar la zona afectada. En definitiva, daños y perjuicios. Boliden aún no ha pagado ni un euro. Las razones son varias; entre ellas, el propio laberinto judicial, que ha ocupado un cuarto de siglo pero no ha llegado a buen puerto: las negociaciones para acordar la indemnización han sido un fracaso.

Boliden siempre se ha negado en rotundo a pagar cualquier multa o indemnización. Los encargados se lavan las manos porque fue la propia Junta de Andalucía la que autorizó la balsa donde se acumulaban los residuos de la mina, por lo que consideran que están libres de responsabilidad. Además, aseguran que ya colaboraron en las tareas de limpieza y que pagaron las consecuencias del vertido, perdiendo 115 millones de euros. Desde su posición, consideran que la cantidad que reclama la Junta es excesiva y que desde Andalucía han aprovechado para acometer otros proyectos medioambientales con ese dinero.

Otra excusa de Boliden es que, según ellos, la actual empresa es diferente a aquella responsable del vertido tóxico. Este argumento se sustenta en que la multinacional fue a concurso de acreedores después del desastre. Para ellos, la Boliden que se sienta al banquillo ahora es "otra" Boliden.

Incluso los tribunales han dado la espalda a la Junta de Andalucía. La Audiencia de Sevilla paró la vía penal; el Constitucional, la civil y el Supremo, la administrativa. Ahora ha vuelto a lo civil en el juzgado de Sevilla, donde ha comenzado el juicio. Las negociaciones entre la Junta y la empresa no han funcionado: a pesar de llevar casi una década de conversaciones, han sido incapaces de alcanzar un acuerdo.

Si condenan a la empresa, habrá tres escenarios posibles: en primer lugar, que deba pagar los 90 millones exigidos; en segundo lugar, que pague una cantidad menor y, en tercer lugar, que se libre si la justicia admite que Boliden es una empresa diferente a la de 1998 y que habría sido una filial de Boliden la que provocó el desastre.