En España, el consumo de alcohol y tabaco continúa siendo un grave problema de salud pública. Un informe revela que el 9% de la población consume alcohol a diario, siendo los mayores de 55 años los que más ingieren. Esta práctica tiene consecuencias trágicas, ya que el alcohol está implicado en la mitad de los accidentes de tráfico del país, causando alrededor de 1.500 muertes anuales en carretera.
Además, el inicio en el consumo de alcohol suele ocurrir a los 13 años, lo que plantea serios problemas para la salud a largo plazo. Sin embargo, el alcohol no es el único responsable de muertes evitables. El tabaco, la droga que más vidas cobra, afecta a un tercio de los españoles diariamente. Cada año, el tabaco causa la muerte de 50.000 personas en España, siendo la principal causa de cáncer de pulmón y más de la mitad de las enfermedades cardiovasculares.
Estos datos subrayan la necesidad urgente de implementar medidas más estrictas para proteger la salud pública. Sin embargo, el Partido Popular (PP) históricamente ha mostrado resistencia a las reformas necesarias. Las leyes antitabaco, por ejemplo, enfrentaron una fuerte oposición durante el mandato de José María Aznar, y la medida que prohibió fumar en lugares cerrados, promulgada durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, también fue criticada. La ley fue modificada por la Comunidad de Madrid bajo la dirección de Esperanza Aguirre, aunque finalmente fue rechazada por el Tribunal Superior de Justicia.
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En el ámbito del tráfico, las normas de control de alcoholemia y las campañas de concienciación han demostrado ser efectivas al reducir los accidentes, a pesar de la oposición inicial de algunos miembros del PP. La reducción de la tasa de alcoholemia ha disminuido la mortalidad en un 18%, y medidas como la bajada de límites de velocidad, que enfrentaron críticas de Esteban González Pons, han probado ser cruciales para reducir el riesgo de accidentes fatales.
