La semana ha arrancado en España con el nivel de crispación en máximos históricos en lo que a la política española se refiere. Por un lado, se han vivido manifestaciones en las sedes del PSOE en distintos puntos de España, todo mientras se celebraba un importante Pleno en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En el CGPJ, ha salido adelante una declaración en contra de la ley de amnistía. Sin embargo, esta declaración tiene un valor meramente simbólico y no tendrá efectos legales. El Poder Judicial lleva cinco años en funciones debido al bloqueo del Partido Popular.
Cabe resaltar que cada vocal del CGPJ que asista a esta reunión recibirá la suma de 1.000 euros por su participación, un monto que genera controversia, especialmente considerando que debaten una ley de la que no tienen pleno conocimiento.
Paralelamente, cientos de personas se manifiestan por cuarto día consecutivo frente a las sedes del PSOE en toda España en rechazo a la amnistía. La falta de información sobre esta ley genera inquietud y movilización popular.
Además, el Partido Popular ha anunciado una nueva protesta para el próximo domingo 12, a las 12:00 horas, en todas las capitales de provincia. Esta estrategia busca movilizar a la ciudadanía en contra de la amnistía y asumir un papel destacado en la oposición al Gobierno.
Con la batalla por liderar la oposición en las calles, el PP y Vox se enfrascan en una lucha por cifras de asistencia en sus respectivas convocatorias. Mientras el PP busca reunificar el voto de la derecha, el contexto político se complica debido a la tensión entre no compartir con Vox más allá de sus gobiernos y el endurecimiento de su mensaje.
En este contexto, la ultraderecha incluso considera convocar una huelga general, lo que plantea nuevos desafíos en el panorama político español.
Contradicción y la falta de pruebas
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