La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, se encuentra bajo la sombra de acusaciones que vinculan a su familia directa con operaciones de narcotráfico. Su hijastro, Joakim Peter Broberg, ha sido señalado como el cabecilla de una red de tráfico de marihuana y hachís, con la fiscalía exigiendo una condena de 22 años de prisión. Los lazos familiares de Muñoz parecen ser más complejos y oscuros de lo que se esperaría de una figura pública de su calibre.
El pasado de Muñoz y su familia se complica aún más con revelaciones sobre operaciones de blanqueo de capitales y cohecho, menoscabando su reputación política. A pesar de las graves acusaciones que rodean a su entorno más cercano, la alcaldesa ha logrado esquivar toda imputación. Su patrimonio, estimado en más de 12 millones de euros, incluye propiedades de lujo y negocios bajo sospecha, pero hasta ahora, las explicaciones ofrecidas han sido suficientes para mantenerla fuera del alcance de la justicia.
Antes de sumergirse en la política, Muñoz ejerció como médica de cabecera durante seis años, una carrera que parece insuficiente para justificar su abultado patrimonio. Las sombras de duda se extienden también hacia su actividad en el Senado, donde actualizaciones tardías de su declaración de bienes levantaron más preguntas que respuestas. A pesar de ser llamada a comparecer por un incremento patrimonial de más de un millón de euros, posiblemente fruto de una donación de su marido bajo investigación, la sombra de la impunidad parece cubrirla.
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La relación de Muñoz con el poder y su aparente capacidad para influir en decisiones clave sin enfrentar consecuencias directas levantan interrogantes sobre la integridad del sistema. Aunque la alcaldesa nunca fue imputada directamente por facilitar contactos a su hijo en el negocio del narcotráfico, grabaciones telefónicas y reportes policiales sugieren una trama de complicidades y favores que merecen una investigación más profunda.
