Argentina se enfrenta a un posible retroceso histórico en materia de derechos de las mujeres tras la propuesta de ley presentada por el presidente, Javier Milei, para prohibir el aborto en el país; sin excepciones, ni siquiera en casos de violación. Este movimiento, catalogado como un salto atrás de más de un siglo, se equipara a la ley de 1921 y propone penas de cárcel de hasta tres años para las mujeres y seis para los médicos que participen en el procedimiento.
La lucha de las mujeres argentinas por el derecho al aborto, marcada por años de protestas y movilizaciones que culminaron con la despenalización en 2020, enfrenta ahora una amenaza directa. La ironía de que Milei, un presidente que ondea la bandera de la libertad, pretenda negar a las mujeres la autonomía sobre sus propios cuerpos es palpable y plantea un desafío crucial ante el Congreso.
Este intento de prohibición no es un fenómeno aislado en Argentina. Alrededor del mundo, la llegada de la extrema derecha al poder a menudo conlleva intentos de restringir o eliminar el derecho al aborto, como se ha visto en Polonia y Hungría. Según la Organización Mundial de la Salud, 39.000 mujeres mueren anualmente a causa de abortos clandestinos, una cifra que subraya la importancia de mantener el aborto seguro y accesible.
Con solo 75 países, incluido España, que permiten el aborto durante las primeras semanas de gestación sin restricciones, la propuesta de Milei no solo pone en riesgo la salud y la vida de las mujeres argentinas, sino que también las relega a una realidad en la que su libertad y derechos están severamente limitados. Este debate reaviva la discusión global sobre la necesidad de proteger los derechos reproductivos como derechos humanos fundamentales.
