Estados Unidos busca respuestas. Nueva Zelanda las encontró hace tres años. Esta es la historia de cómo su primera ministra prometió reducir la presencia de armas en las calles de su país y lo logró. Fue su reacción a la matanza de Christchurch, donde 51 personas fueron asesinadas a tiros en dos mezquitas. Esa misma noche, Jacinda Ardern prometió que cambiaría para siempre la cultura de las armas de su país.
Solo un mes después Ardern logró aprobar la ley que prohibiría la venta de las armas con mayor capacidad de destrucción. Acabó con la venta de los fusiles de asalto y de armas semiautomáticas de estilo militar, también prohibió los cargadores de gran capacidad y en general todos los dispositivos capaces de hacer disparos rápidos.
El impacto de las 51 muertes de la masacre fue clave para movilizar a los diputados, de hecho se aprobó casi por unanimidad: de los 120 legisladores de su parlamento, solo uno votó en contra.
Hasta ese momento cualquier persona mayor de 16 años podía tener un arma y las únicas dos condiciones eran presentar un historial médico y no tener antecedentes penales. Desde la reforma de Arden las restricciones para conseguir una licencia son mucho mayores, y lo más importante: no se pueden armas de asalto como las que se usaron en aquella matanza.
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Tras reformar la ley, la primera ministra concedió a la población un periodo de gracia para devolver las armas. Pero pasado ese tiempo los que no las devolviesen se enfrentarían a una pena de hasta tres años de cárcel. Fue tal el impacto que en solo un año se devolvieron 56.000 armas de fuego prohibidas. A cambio las autoridades pagaron a sus propietarios unos 60 millones de euros.
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