Noel López, número dos del PSOE de Andalucía y exalcalde de Maracena, en Granada. Berta Linares, actual alcaldesa socialista de la localidad. Y Antonio García, concejal de urbanismo de esa formación en ese municipio. En ellos tres, el juez ve indicios de delito en el secuestro de Vanessa Romero, su compañera de partido y ayuntamiento.

Vanessa Romero fue secuestrada. Es concejala del ayuntamiento de Maracena, en Granada. En febrero de este año dejó a sus hijos en el colegio y se encontró con el novio de la alcaldesa. Éste le explicó que se había quedado sin gasolina y le pidió que le llevara a por combustible. Y ella aceptó.

Una vez en el coche, el novio de la alcaldesa la amenazó con una barra de hierro, con un cuchillo y con una pistola, que resultó ser de fogueo. El novio de su compañera de partido la ató de pies y manos con unas bridas y la encerró en el maletero. La había secuestrado.

Condujo el coche hasta un pueblo cercano a Maracena llamado Armilla, hasta este garaje. Allí aparcó el coche y la dejó dentro del maletero. Fue hasta una ferretería y pidió cinta americana negra y un cuchillo carnicero. Además, entró en una peluquería a cortarse el pelo y pasó por su casa para cambiarse de ropa.

Cuando el secuestrador regresó al garaje, se encontró con algo que no esperaba. La Guardia Civil y la Policía Local. Le detuvieron. La concejala secuestrada había logrado escapar. El secuestro duró una mañana. Apenas seis o siete horas. Lo que continúa tres meses después es la duda de porqué lo hicieron. ¿Por qué el novio de la alcaldesa secuestró a la concejala?

La alcaldesa, Berta Linares, apuntó a una idea. La precaria salud mental de su pareja. Lo señaló en una rueda de prensa en la que se mostró sorprendida, angustiada y llorosa. El entorno de la concejala no pensó lo mismo entonces. Creía que la secuestraron por unos supuestos papeles que llevaba en el coche. Documentación sobre asuntos turbios de la concejalía de urbanismo. La que ella había ocupado hasta que la alcaldesa la relegó. No se entendían.

Esta teoría, la de la corrupción, ha sido negada por el alcalde anterior y por la alcaldesa actual, por aquellos en los que el juez ve indicios de delito y con los que trabajó la secuestrada. Antonio García, el concejal de urbanismo de Maracena, es otro político al que el juez del caso también quiere investigar. Él rechaza toda acusación de corrupción. Asegura que ignora por qué secuestraron a la concejala. Pero sí tiene una teoría sobre por qué la concejala habla de corrupción: por venganza, por chantaje. Porque no la incluyeron en las listas de las elecciones el domingo.

Como el número dos del PSOE de Andalucía es aforado, es muy probable que el caso pase del juzgado de Granada al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Ahí deberían continuar con las pesquisas. Ese Tribunal será quién dictamine por qué se secuestro a la concejala y qué hay detrás. Problemas mentales, de pareja, de rivalidades políticas o de corrupción.

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