Antes de 2021, un inversor principal dominaba el 99% del dinero, situación que facilitaba los fraudes. Desde ese año, una nueva ley exigió la presencia de al menos 100 inversores, cada uno con una inversión mínima de 2.500 euros. Sin embargo, un solo inversor podría seguir siendo accionista principal con más de dos millones de euros.
La ley de 2021 generó un temor a más cambios y agravó la mala imagen de las sicav, un símbolo de 'casta económica'. Los expertos creen que la impopularidad y el miedo a nuevas regulaciones contribuyeron al declive de estas sociedades de inversión.
El Gobierno ha permitido que el dinero salga de las sicav sin tributar, pero su destino es incierto. Se especula sobre la voluntad del Ejecutivo de mantener estos fondos invertidos, aunque la falta de transparencia deja dudas sobre su verdadero destino.
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