El exfutbolista Gary Lineker vuelve a la BBC. Criticó la ley anti-inmigración del Gobierno, amagaron con echarle de la televisión pública, pero la defensa por la libertad de expresión ha sido tan grande que han tenido que readmitirle. Lineker había comparado la nueva ley de inmigración del Reino Unido con la época nazi. La ministra le replicó y la BBC informó de que no presentaría su programa deportivo "hasta que se acordase una posición clara sobre su uso de las redes sociales". Llevaba 24 años haciéndolo.
Esta marcha atrás, más allá de la imparcialidad, tiene mucho que ver con el revuelo generado. Algunos aficionados se presentaron este fin de semana con pancartas en los estadios de la Premier para mostrar su apoyo a Lineker frente a la BBC. Dentro de la propia cadena, muchos de sus compañeros decidieron no acudir a su puesto de trabajo en señal de protesta. La programación de deportes tuvo que modificarse considerablemente.
Detrás de toda esta revolución está lo más importante: la ley de inmigración que ya ha puesto en marcha el Gobierno de Reino Unido. La ley consiste básicamente en expulsar a todas las personas que entren al Reino Unido "ilegalmente". Esa es la expresión que utiliza el Ministerio del Interior: "Ilegalmente". Los migrantes que entren así en en el país no podrán pedir asilo y solo tendrán dos opciones: o son devueltos a su país de origen o son enviados "a un tercer país 'seguro'". Lo de seguro también es vocabulario suyo. Y además no podrán volver nunca más a entrar en Reino Unido.
¿Hay alguna excepción en esa ley? Solo los casos de los menores de edad, los que no puedan volar por su condición médica, o aquellos "que se enfrenten a un riesgo de daño grave e irreparable" serán evaluados.
Hasta su deportación los planes del Gobierno de Sunak pasan por detenerlos. Podrán estar hasta 28 días detenidos sin necesidad de ninguna autorización judicial. Y además no tendrán la posibilidad de solicitar la libertad bajo fianza.
El futuro de los que hayan entrado "ilegalmente" en el país antes del martes 7 de marzo, hace justo una semana, no cambia con la nueva ley. Las personas que estén en trámites de pedir asilo siguen con el proceso como hasta ahora. Los que entren, o hayan entrado después del 7 de marzo, serán deportados.
Es posible que prohibir a alguien tener al menos la opción de pedir asilo no respete la Convención Internacional de Derechos Humanos. El propio ejecutivo del primer ministro tiene dudas. Lo dice la ministra del Interior en la propia presentación de la ley: "No puedo afirmar que las disposiciones del Proyecto de Ley de Migración Ilegal sean compatibles con los derechos de la Convención". Y se lo ha dicho también a los suyos en una carta en la que reconoce que "hay más de un 50% de posibilidades de que no sea compatible con la Convención Europea de Derechos Humanos".
El destino favorito para enviar a los migrantes es Ruanda. El año pasado ya lo intentaron, pero no lo lograron. Pagaron al gobierno ruandés 144 millones de euros para poder mandarlos allí, pero el primer vuelo fue bloqueado el 14 de junio por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Una hora antes de la salida del vuelo, los inmigrantes fueron bajando del avión conforme sus apelaciones eran aceptadas, y a las 22:30 horas, la hora prevista para el despegue, quedaba sólo uno a bordo. Y el avión no salió de tierras británicas.
