Con el plazo límite del 26 de agosto acercándose rápidamente, Cataluña se encuentra inmersa en intensas negociaciones entre partidos políticos clave. Esta fecha marca el límite para evitar unas elecciones anticipadas que podrían redefinir el panorama político regional.
En los últimos años, se ha vuelto una constante: cuando el reloj marca el límite, las partes encuentran la manera de entenderse. Desde la conformación de listas electorales hasta la aprobación de leyes cruciales, el escenario se repite. Ejemplos recientes abundan: plenos sin rumbo claro, negociaciones en pasillos y votaciones ajustadas que salen adelante en el último minuto.
En un panorama sin mayorías claras, el pacto se convierte en la única vía viable, a menudo tomada en serio solo cuando no queda alternativa. Un caso paradigmático fue el reciente acuerdo entre Junts y PSOE, que llegó en noviembre tras cuatro meses de tensión desde las últimas generales de julio.
Pero si hay un lugar donde este juego de nervios alcanzó su apogeo fue en Cataluña. En 2016, las negociaciones para investir un presidente se extendieron hasta el último segundo. La CUP marcó la pauta: fuera Artur Mas o nada. En un domingo de alta tensión, horas antes del plazo final, Carles Puigdemont emergió como presidente, evitando así unas elecciones anticipadas.
No obstante, apurar demasiado puede tener consecuencias. En 2018, la investidura en el Parlament fue cancelada horas antes de celebrarse, reflejando las complejidades de la política en tiempo real.
Este frenesí no es exclusivo de Cataluña. A nivel nacional, la coalición Sumar entre partidos de izquierda vivió momentos de angustia hasta el último momento. El registro en el Congreso se logró a las 22:00, justo antes del cierre a las 23:59 del mismo día, resaltando la presión palpable hasta el último segundo.
Incluso en el ámbito judicial, el efecto de un ultimátum reciente de Sánchez fue claro: el Consejo General del Poder Judicial, bloqueado por más de 2.030 días, se renovó en tan solo 13 días bajo la presión del tiempo.
El CCE solicitó "actualizar los datos"
Emergencias contradice a Mazón: es el órgano encargado de enviar las alertas en situaciones como la DANA
El CCE aclara que, tal como establece la Ley de Protección Civil y el Plan Especial de Inundaciones, es su responsabilidad notificar a los municipios "en caso de declaración de situación de emergencia o preemergencia".