Cataluña se ha convertido en la única comunidad autónoma que no respaldó el acuerdo de la semana pasada para la distribución de 400 menores migrantes no acompañados entre las diferentes regiones de España. Esta decisión ha provocado un intenso debate sobre la postura de Cataluña hacia la acogida de migrantes y el cambio de actitud desde su histórico clamor por la acogida en 2017.
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), principal partido del gobierno catalán, no aclara que hará, se limita a decir que el último borrador que vieron de la reforma de la ley de extranjería no les gustaba. La abstención de Cataluña en el reparto de menores, justifican, se debe a que los datos proporcionados por el Gobierno central no son precisos. Según ERC, actualmente Cataluña acoge a 2.369 menores migrantes.
Junts per Catalunya, por su parte, ha adoptado una postura más firme y exige la exclusión de Cataluña de la obligación de acoger menores migrantes. Esta postura contrasta fuertemente con el espíritu de acogida que caracterizó a la comunidad en 2017, cuando 200.000 personas salieron a las calles de Barcelona bajo el lema 'volem acollir' ('queremos acoger'), en respuesta a la crisis de refugiados en las playas de Lesbos.
Los organizadores de aquella campaña, 'Casa nostra, casa vostra', explicaron que buscaban contrarrestar el creciente discurso racista y de odio en Europa. Sin embargo, siete años después, ese discurso ha encontrado eco en el Parlament con la entrada de Aliança Catalana. Su líder, Sílvia Orriols, ha lanzado mensajes alarmistas vinculando migración y delincuencia, afirmaciones que también han sido recogidas por Junts en sus declaraciones recientes.
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En este contexto, la negativa de Cataluña a respaldar el reparto de menores no acompañados ha causado controversia. El gobierno catalán sostiene que los datos oficiales no reflejan la realidad y que ellos ya están acogiendo a un número significativo de menores. Sin embargo, los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones indican que Cataluña no acogió a ningún menor no acompañado en 2023, al igual que otras 12 comunidades autónomas.
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