El 'caso Cuarteles' hay que situarlo en la Comandancia de Ávila, en mayo de 2018. De ahí parte una denuncia anónima. Posiblemente de un guardia civil por presuntas irregularidades en las reformas (unas 193) de 13 comandancias.
Estas fueron realizadas entre marzo de 2014 y abril del 2019, y podrían haber movido millones de euros. Presuntamente, según el sumario del caso, más de 3,3 millones de euros. Este lunes, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska lo rebajaba a 2 millones de euros.
¿Quiénes son los protagonistas del caso Cuarteles?
Sobre la mesa, hay dos actores principales: un guardia civil y un empresario. Por un lado, el teniente general Pedro Vázquez Jarava, una de las personas con más poder dentro del Instituto Armado (mayor rango) en ese momento. Dirigía la Subdirección General de Apoyo (gestiona los recursos financieros y patrimoniales de la institución). Él fue el responsable de reformas, y le apuntan como el que presionaba para que se hicieran con quién él decía.
Y por otro, tenemos al empresario canario Ángel Ramón Tejera de León, alias 'Mon. Él aparece en el sumario de la trama del 'caso Mediador' como uno de los empresarios dispuestos a pagar por conseguir un trato de favor en las adjudicaciones de la Administración, aunque no está imputado.
A los implicados se les acusa de falsedad documental, cohecho, prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación.
¿Cuáles son las obras más sospechosas?
La mayor parte de las obras las habría ordenado la Comandancia de Tenerife (47 por importe de 927.499,74 euros). La segunda Comandancia con más contratación con ese empresario es la de Huelva (61 proyectos por importe de 461.079,45 euros); seguida de Algeciras, con 29 obras por 399.189,48 euros.
El contratista se encarga de los trabajos de pintura e impermeabilización de edificios, siempre bajo el radar.. intentando menos de 50.000 o incluso de 5000. Pero dicen que las obras en realidad valían mucho menos y que eran chapuceras.
El recorrido por las obras en los cuarteles
'El Periódico de España' ha hecho un recorrido por las obras que se realizaron. En Ávila, en los municipios Arenas de San Pedro y Pedro Bernardo, para pintar "ni siquiera retiraron los cuadros de las paredes". Estaba el cuadro del rey y pintaron alrededor. Y en El Tiemblo no movieron el armario del comandante: pintaron alrededor.
Pero es que El Barraco dejaron el cuartel pintado de dos colores, usaron el blanco cuando el resto de las dependencias estaban en crema. Las obras en el caso de Navarredonda de Gredos fueron sin pintura, los guardias civiles tuvieron que acompañarles a comprar. En Arévalo, no pusieron enchufes para los secamanos; y en Cebreros, se dejaron cinta de carrocero y el despacho del comandante en dos colores.
No se quedó solo ahí, en el caso de Alicante, el municipio de Jacarilla (Alicante) solo se pintó por fuera. Solo lo que se veía. Dentro de la Comunidad Valenciana, pero en Castellón (Vall de Uxó) se facturaron obras que nunca llegaron a ejecutarse.
¿Tienen los investigadores pruebas de las mordidas?
Tienen pruebas de regalos y varios viajes: viajes a ver finales de Champions, a Cardiff o Milán y hoteles. La Guardia Civil habla de unos 14.461 en supuestos regalos. El teniente general lo niega dice que siempre pagaba todo, que quizá pagaba el empresario, pero que luego hacían cuentas. Y que todo es una cacería de asuntos internos.
¿En metálico? El diario El País señala que la Guardia Civil investiga el origen de 45.700 euros que el general del 'caso Cuarteles' ingresó en efectivo.
Lo más difícil de explicar es quizá cuando un día de noviembre el empresario retira 10.000 euros en un cajero, pasa unos días en un hotel con el teniente general… y justo después, tres días después de sacar el dinero, el teniente general ingresa 9.700 euros en una de sus cuentas.
Archivado durante el Gobierno de Rajoy
Esto viene de hace muchos años... Y se archivó… lo hizo José Manuel Holgado Merino, director general de la Guardia Civil durante el último Gobierno de Mariano Rajoy. Asuntos internos lo investigaba, pero en diciembre del 2017, Holgado ordenó que se parara porque "se concluye que no existen acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley, ni conductas contrarias a la ética profesional".
Ya entonces, los interventores calificaban de "anómala y bastante reiterada" demasiados contratos para no tener infraestructura.
