El fiscal del Tribunal Supremo Álvaro Redondo, cuyo dictamen sobre el caso de Carles Puigdemont se debate este martes, se encuentra en el centro de la controversia.
Aunque niega cambios de criterio, fuentes fiscales del Supremo confirman un primer borrador que apuntaba a indicios de terrorismo del expresident de la Generalitat. Este informe, trasladado al Fiscal Jefe de lo Penal, Fidel Cadena, contrasta con el actual, que rechaza tales indicios.
Según el informe, la Fiscalía del Supremo considera que no hay delito de terrorismo en el bloqueo de El Prat porque los hechos no constituirían un delito de detención ilegal de los controladores, sino coacciones.
El fiscal insiste en que el único informe enviado a la Fiscalía General del Estado es el que se discutirá este martes en la Junta de fiscales. Este contradice el criterio del juez instructor, Manuel García-Castellón, y exculpa a Puigdemont de delitos de terrorismo en los disturbios de Tsunami Democràtic.
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La Junta de fiscales decidirá si acepta la exposición razonada de García-Castellón y si el Supremo, al ser aforado, puede investigar a Puigdemont por terrorismo. La votación entre los 13 fiscales determinará el curso de la causa, con implicaciones políticas y jurídicas de gran envergadura.
Según el Ministerio de Trabajo
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