Depende de la perspectiva
El CNI puede investigar a un ministro si lo ordena el presidente, pero su legalidad tiene matices
Antecedentes En el pasado, se destaparon casos de espionaje ilegal, como la interceptación de comunicaciones de figuras públicas en los años 80 y 90, pero en los años 2019 y 2020, el CNI investigó a varios políticos independentistas, con la debida autorización judicial.
Nueva revelación: Aldama ha dejado en el aire una versión sobre los motivos que llevaron al presidente Pedro Sánchez a cesar a José Luis Ábalos, exministro de Transportes. Según lo que él mismo ha asegurado, Ábalos le habría revelado que la decisión estaba relacionada con un informe del CNI (Centro Nacional de Inteligencia). Este informe, que habría incluido no solo detalles sobre pagos sospechosos, sino también información personal del propio Ábalos, pondría en duda la integridad del exministro.
¿Puede el CNI investigar a un ministro? El CNI, conocido por sus actividades de espionaje y control de amenazas a la seguridad nacional, tiene, según fuentes cercanas al asunto, la capacidad de investigar a altos cargos del gobierno si así lo ordena quien tiene autoridad sobre los servicios de inteligencia, como el presidente del Gobierno o la ministra de Defensa. Aunque muchos consideren esta práctica como controvertida, lo cierto es que los expertos aseguran que es una herramienta utilizada para controlar a ciertos cargos en situaciones específicas.
Ahora bien, la pregunta que surge es: ¿Es legal que el CNI investigue a un ministro? La respuesta varía dependiendo de la perspectiva. En términos oficiales, un ministro solo podría ser investigado por los servicios de inteligencia si existe una amenaza para la seguridad del Estado. En este caso, el CNI estaría obligado a actuar para identificar o neutralizar ese peligro, sin necesidad de pedir permiso a un juez en ciertos casos. Sin embargo, cuando se trata de intervenciones más invasivas, como las escuchas o el allanamiento de un domicilio, se requeriría una autorización judicial.
Los antecedentes en este tipo de espionaje también generan preocupación. En los años 2019 y 2020, en plena crisis por el proceso independentista catalán, el CNI investigó a varios políticos independentistas, incluidos Pere Aragonés, entonces vicepresidente de la Generalitat, y Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, con la debida autorización judicial. Sin embargo, en las décadas de 1980 y 1990, se destaparon casos de espionaje ilegal, en los que se interceptaron comunicaciones de figuras públicas como Adolfo Suárez o el rey Juan Carlos I.
