En el último año, cada español tiró 31 kilos de alimentos a la basura, o lo que es lo mismo, 250 euros de desperdicios. Eso supone el 40% de todos los alimentos que se desperdician en total en la Unión Europea, con otro 40% que se pierde en las fábricas durante los procesos de transfomación de los alimentos. La restauración es responsable de un 15%.

Ante estos contundentes datos, el Congreso de los Diputados dará este miércoles el primer paso en busca de una solución, sacando adelante el primer trámite de la ley contra el desperdicio alimentario. ¿Qué dice esta normativa? Vayamos por partes.

En primer lugar, hay que fijarse en los restaurantes, que tendrán que cambiar su cartelería para especificar por escrito que sus comensales tienen derecho a llevarse las sobras de sus platos de forma gratuita, a excepción de los buffets libres. Esa comida ha de ser servida en envases reciclables y reutilizables también gratuitos, a no ser se sean de plástico, que en ese caso si se cobrarán en el ticket.

Los supermercados también estarán afectados por esta normativa, que tendrán que equiparar la vida real de los alimentos a su vida útil real o hasta que dejen de ser seguros. Esto quiere decir que vamos a encontrar productos 'feos', imperfectos o poco estéticos en los lineales, viendo más productos de temporada o de proximidad.

Tercera pata que también se verá afectada: la industria alimentaria. Deberán diseñar obligatoriamente un plan de prevención para evitar desperdiciar alimentos que detecte en qué punto de su proceso se produce esa fuga, así como diseñar las medidas para evitar ese desperdicio y decidir a dónde van esos alimentos.

¿Qué pasa cuando los alimentos no son seguros?

¿Qué opciones tienen para no desperdiciar la comida? La ley establece una jerarquía en la que la prioridad máxima sigue siendo el consumo humano, así que esas empresas deben firmar convenios con bancos de alimentos, ONG para cederles esos alimentos que desechan y estos destinarlos a las personas que lo necesiten. También deberán transformar alimentos a los que no han dado salida pero que siguen siendo aptos para el consumo a fabricar otros, como zumos, salsas, purés o mermeladas.

¿Qué ocurre cuando esos alimentos ya no son seguros para el consumo humano? Que pueden dedicarse a la fabricación de piensos y comida de animales y, en última instancia, ya transformarlos en productos para otras industrias o energéticos, por ejemplo biocombustible o abonos.

Si no cumplen la ley, se enfrentarían a multas de hasta medio millón de euros. Se clasifican en tres tipos, de leve a muy grave: hasta 2.000 euros para aquellas empresas de la cadena que no donen esos alimentos en buenas condiciones a ONG, y en el caso de estas, a las que no los entreguen a los desfavorecidos, hasta 60.000 euros, ojo a aquellos restaurantes o industrias que no diseñen los planes de prevención de los que hablábamos y si les pillan dos veces en dos años por esto, la multa puede llegar al medio millón de euros.

Seremos el tercer país de la Unión Europea en diseñar una ley para reducir el desperdicio alimentario, por detrás de Francia e Italia. El objetivo es el que nos marca Europa: reducir a la mitad los residuos per cápita de aquí a 2030 en restaurantes y hogares y un 20% en las industrias y los supermercados.

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